Miguel Gómez Martínez
columnista

¡23 billones!

La capacidad del sistema judicial es insuficiente porque también forman parte de este régimen de corrupción que se adueñó del Estado. 

Miguel Gómez Martínez
POR:
Miguel Gómez Martínez
enero 17 de 2017
2017-01-17 08:43 p.m.
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La corrupción es el pan nuestro de cada día.

La semana que pasó fue el de Odebrecht cuyas cifras parecen menores comparadas con otros casos como el de Reficar, que el contralor General de la República, Edgardo Maya, considera “el mayor desfalco de la historia de Colombia”.

En los últimos días InterBolsa nos recordó que el problema no es solo en el sector público, sino que se ha extendido al privado.

Por la festividades navideñas pasó algo desapercibido: el impresionante informe de El Tiempo, basado en la información que produce la organización Transparencia por Colombia, que confirma que el mayor riesgo de corrupción se encuentra en las zonas más pobres del país.

Un artículo especial de Juan Gossain menciona cifras del exprocurador Alejandro Ordoñez donde se estima la descomunal cifra de 23 billones de pesos que se robarían cada año, con un crecimiento nominal de 600 por ciento en los últimos 11 años. Creció más rápidamente la corrupción entre el 2015 y el 2016 (+15%) que el presupuesto general de la Nación entre el 2016 y el 2017 (+5%). Con esa dinámica ninguna economía es viable.

La corrupción en Colombia es hoy de dimensiones mexicanas y se extiende a todos los niveles, sectores y regiones del país.

A pesar de que los ciudadanos son conscientes de la gravedad del tema, muy poco se hace al respecto. Todo se queda en la denuncia. El problema de fondo es la impunidad. Bien lo dice el fiscal general, Néstor Humberto Martínez: “Los corruptos no le temen al twitter, le temen a las condenas efectivas”.

Y la justicia es incapaz de enfrentar las verdaderas mafias de corruptos cuyas raíces
están ancladas en la política, tienen fuertes vínculos con el poder económico y controlan el funcionamiento del Estado a nivel municipal, regional y nacional.

Son engranajes cada vez más sofisticados donde políticos, empresarios, funcionarios,
multinacionales, bancos, agencias internacionales e incluso ONG se benefician en mayor o menor grado.

La capacidad del sistema judicial, los organismos de control, las superintendencias y agencias es insuficiente porque también forman parte de este régimen de corrupción que se adueñó del Estado.

En medio de esta amenaza superior para nuestra democracia, el Gobierno –este y cualquier otro– tiene una posición ambigua. Con los niveles de corrupción actuales, no hay presupuesto que aguante y ello se refleja en la crisis fiscal permanente que nos lleva a más y más reformas tributarias. Pero también se beneficia, porque la mermelada, que no es sino corrupción disfrazada, le hace fácil controlar al poder legislativo e influir sobre el judicial.

Todo se puede negociar: las leyes, las sentencias, la Constitución. Solo basta tener los recursos presupuestales suficientes, la facultad de contratar o de nombrar.

Y en el sector privado las prácticas corruptas del sector público se extienden. Jefes de
compras, vicepresidentes financieros, auditores y tesoreros piden tajadas, como lo haría cualquier político corrupto. Mientras más grande la empresa, peor es la corrupción.

Ante un desafío de esta magnitud se requeriría un verdadero acuerdo nacional para que partidos políticos, medios, instituciones, gremios y, sobre todo, los ciudadanos luchemos por arrinconar a los corruptos. El problema es nacional y por lo tanto la solución solo es posible si todos nos unimos contra ellos.

Miguel Gómez Martínez
Asesor económico y empresarial
migomahu@hotmail.com

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