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García fue escogido en forma mayoritaria en una controvertida elección como nuevo director de La U, el partido del presidente Álvaro Uribe, de quien asegura que sabrá asumir su responsabilidad política frente al escándalo por la relación de políticos de la coalición de Gobierno con los paramilitares.

CAMBIO: ¿Por qué tanta pelea en la elección de director de La U?

CARLOS GARCÍA ORJUELA: Yo no peleé con nadie. Hubo una asamblea con manifestaciones a favor y en contra, como es común en los eventos políticos, pero al final se impusieron las mayorías.

¿Pero los congresistas que lo respaldaron dijeron que los disidentes -Martha Lucía Ramírez, Armando Benedetti, Gina Parody y Nicolás Uribe- los maltrataron porque ustedes son de provincia?

No tengo esos complejos. Nací en Icononzo pero la vida me dio la oportunidad de estudiar Neurocirugía en Francia, me especialicé en Zurich y trabajé en Canadá. He sido profesor de las más importantes universidades del país y hablo cinco idiomas. Que me digan que soy de provincia lo recibo como un halago.

¿Qué piensa de la disidencia que montaron los congresistas mencionados?

En la norma no están contempladas las disidencias como organización jurídica y ellos lo saben porque ayudaron a redactar los estatutos del partido recientemente aprobados.

¿Cree que va a ser capaz de poner orden a La U, que hasta ahora ha dado muestras de total indisciplina?

No comparto esa apreciación. Las bancadas de Senado y Cámara están trabajando en forma coordinada y en cuanto al Partido ofrezco mi experiencia para promover consensos y aplicar los estatutos. Le puedo asegurar que, en medio de la crisis, el Partido se crece.

Hasta el momento, los congresistas requeridos por la Corte Suprema por supuestos vínculos con los paramilitares pertenecen a la coalición de Gobierno. ¿Qué piensa sobre eso?

Que eso no es sólo del uribismo. Es un fenómeno concomitante con todos los defectos y desorientaciones de la sociedad colombiana. Lo que eso significa es que lo que se rumoraba y lo que se sabía, ha tomado el rumbo que debía tomar: el actuar de la Justicia. Ésta debe ser apoyada, no presionada ni amenazada.

¿Cuál debe ser el papel del Gobierno en el caso de la parapolítica, que cada vez lo salpica más?

El Ejecutivo debe facilitarle a la Justicia toda la colaboración para su seguridad y para la investigación y, si es del caso, proveer los recursos necesarios para que adelante los procesos sin dilación. Además, debe atender los debates de control político que cite el Congreso para dar las explicaciones del caso cuando alguno de sus miembros se vea comprometido en hechos delictivos.

¿Qué responsabilidad política le cabe al Presidente por haber nombrado a personas como Jorge Noguera y por aceptar el apoyo de congresistas sobre quienes pesaba la sospecha de sus vínculos con los paramilitares?

Conociendo al presidente Uribe, estoy seguro de que sabrá asumir su responsabilidad, prescindir de los funcionarios que han abusado de la confianza del Gobierno y corregir la marcha de las entidades afectadas en su credibilidad. El líder debe dar ejemplo de rectitud y de fortaleza ética. El liderazgo conlleva riesgos y quien lo asume debe enfrentarlos.

¿Qué parecidos y que diferencias encuentra entre el proceso 8.000 y el de la parapolítica?

El proceso 8.000 se originó en el dinero del narcotráfico que entró a una campaña presidencial y comprometió la legitimidad del mandato del presidente Ernesto Samper, quien fue sometido a un proceso judicial del que salió triunfador aunque la Nación pagó caras consecuencias. El proceso actual ha comprometido la representación de la política y ha deslegitimado al Congreso, pero el Estado está aplicando los correctivos y los inculpados están asumiendo sus responsabilidades.

¿Qué piensa de la propuesta para revocar el mandato del Congreso?

No tiene ni pies ni cabeza. Nos duele que estos hechos hayan sucedido, que hayan sido encubiertos y que hayan comprometido a tantas personas de todas las esferas de la sociedad: las Fuerzas Militares, la Policía, los empresarios, los poderes locales y hasta la Justicia. Pero las instituciones pueden salir fortalecidas de esta crisis si actúan en forma adecuada y autónoma. Que no quepa la menor duda de que Colombia no es tierra para que el delito quede impune. Aquí no pueden salir afectados los mercados, las exportaciones, la estabilidad económica...

¿Está de acuerdo con una ley de punto final o de perdón y olvido?

Jamás, sería inaceptable. Como director de La U rechazo cualquier iniciativa para tramitar una ley de perdón y olvido o de punto final cuando apenas comienzan a conocerse los resultados parciales de las investigaciones sobre el tema paramilitar. Para que haya perdón es necesario conocer la verdad, que las víctimas sean reparadas, los desplazados indemnizados y los responsables condenados.