La primera semana de marzo será, sin duda, recordada por todos los colombianos como una muy tormentosa. Fue, en estos días, cuando se gestó la crisis internacional con los países vecinos, Ecuador y Venezuela, a raíz de la muerte del representante del directorio de las Farc, 'Raúl Reyes', en territorio ecuatoriano por parte de las fuerzas armadas colombianas, y cuando se logró, posteriormente, un acuerdo satisfactorio para todas las partes en la reunión Cumbre de los presidentes de la región, llevada a cabo en República Dominicana.
Los sucesos de esa semana tuvieron repercusiones inmediatas en los mercados financieros de nuestro país. Tanto la tasa de cambio como el índice de precios de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, Igbc, registraron gran volatilidad, indicando la interrelación que existe entre los asuntos geopolíticos de un país y su economía. Sorprendió a los analistas económicos que el impacto inmediato hubiese sido una mayor apreciación de la moneda, tendencia que, como era esperado, se reversó cuando la situación política internacional se complicó. También se produjo una marcada volatilidad en el mercado de capitales con una caída del Igbc cercana al 5 por ciento, a lo que siguió una recuperación.
El impasse internacional llevó a los miembros del equipo económico del Gobierno y al Consejo Gremial Nacional a cuantificar el impacto potencial sobre Colombia del cierre del comercio anunciado por Venezuela y a estudiar las políticas de corto y mediano plazo que convendría adoptar. Para todos era conocido que el impacto económico sería significativo, considerando que Venezuela es nuestro segundo socio comercial. Algunos ejercicios econométricos de simulación, adelantados con anterioridad por la Asociación Nacional de Industriales y por el Departamento Nacional de Planeación habían coincidido en señalar que una reducción de un 30 por ciento en las exportaciones colombianas podría disminuir nuestro crecimiento económico hasta en medio punto porcentual anual en el mediano plazo.
Un estudio de un organismo multilateral pronosticaba que el impacto de un cierre total de nuestras exportaciones de bienes manufacturados a Venezuela reduciría la tasa de crecimiento del país entre uno y dos por ciento anual, en el año subsiguiente al cierre del comercio.
En el diálogo conjunto con el Gobierno se concluyó que lo principal en el corto plazo era abastecer a las zonas limítrofes con Venezuela de aquellos productos, como la gasolina, que importamos de nuestro vecino. En cuanto a la política económica, el análisis llevaba a concluir que lo más importante era la consolidación de nuevos mercados, acelerando las negociaciones bilaterales y los contactos con el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación del TLC. Gracias al análisis adelantado por el Banco de la República se concluyó que no resultaba adecuado estimular el mercado interno, dada nuestra situación actual de presiones inflacionarias originada en un exceso de demanda agregada. Del lado fiscal, aparecía recomendable darle prioridad a la construcción de vías de comunicación hacia zonas fronterizas con Venezuela.
Lo más destacado de lo sucedido en el campo económico durante la semana tormentosa es que se ratificó de manera contundente la armonía y coordinación que existe en Colombia entre el equipo económico del Gobierno y el sector privado, representado por el Consejo Gremial Nacional. La visita del Consejo al Presidente no se limitó a extenderle solidaridad y apoyo, sino que desembocó en un trabajo conjunto para delinear un plan de acción concreto para hacerle frente al impacto económico adverso que tendría el cierre del comercio con nuestro vecino. Gracias a las gestiones diplomáticas posteriores del presidente Uribe, no será necesario desarrollar de inmediato las medidas previstas.
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