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Los promotores entregaron un total de 174 carpetas que decían contener 1'642.802 respaldos. Luego de numerar y foliar las carpetas recibidas, se estableció que los respaldos recibidos ascendían a 1'608.008, de los cuales 81.302 resultaron nulos por estar incompletos, es decir, carecer de alguno de los tres elementos exigidos: Nombre, firma y número de cédula.

Sobre las 1'526.706 firmas restantes se aplicó el procedimiento establecido en el artículo 7 de la Resolución 5641 del 30 de octubre de 1996.

La Registraduría revisó los apoyos correspondientes a la muestra, confrontando la información contenida en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y en la base de datos del Censo Electoral, con el propósito de establecer la correspondencia entre el número de cédula de ciudadanía, los nombres y apellidos y su inscripción en el censo electoral.

Al final del proceso se encontró que el número de firmas válidas no alcanza a 1'347.305, equivalentes al 5 por ciento del Censo Electoral.

De esta manera se espantó al fantasma de la reforma tributaria con la que había amenazado el Ministro de Hacienda si prosperaba el 'Referendo Constitucional para garantizar la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la descentralización administrativa'.

De esta forma el Gobierno Nacional se evitó desembolsar 4 billones de pesos más de lo previsto en el Sistema General de Participaciones a las regiones que para este año es de 19,26 billones de pesos.

Para senadores como la liberal, Cecilia López Montaño, "con los recursos que se va a ahorrar, se va a hacer populismo".

Pero para el senador de Alas Equipo Colombia, Gabriel Zapata, si pasara el referendo no habría espacio fiscal para atender a las regiones, razón por la cual comparte el planteamiento del ministro Zuluaga, en el sentido que sí tendría que haber reforma tributaria para recaudar más impuestos.

El conteo de la Registraduría le ahorró al Gobierno un costoso cabildeo en el Congreso para hundir el referendo. El Gobierno Nacional, que promueve el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año entrante, el cual radicó en el Congreso de la República había dicho en palabras del ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, que cerca del 70 por ciento de los gastos del Gobierno son inflexibles porque están atados a normas legales, entre ellas las transferencias regionales.

El Gobierno había dicho que era necesaria una reforma tributaria, ante el avance de la idea del referendo, promovido por el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, que buscaba volver al viejo esquema de las transferencias, en el cual los recursos que la Nación entrega a las regiones estaban atados al incremento de los ingresos corrientes de la Nación y no al comportamiento de la inflación, más unos puntos adicionales y otros más si la economía crece por encima del 4 por ciento, como es ahora.