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La puesta en marcha de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al sistema de seguridad social, más conocida como PILA, sigue generando controversia en el país. Más allá de que a la fecha ha demostrado ser un instrumento que, al utilizar la tecnología, simplifica los trámites a los empleadores grandes para el pago de los llamados parafiscales, también ha traído confusión e inquietud entre los pequeños. Eso no es motivo suficiente para desmontar un mecanismo que le ha originado importantes ahorros al sector formal y le permite al Estado un mejor control de la evasión y de la elusión de pagos.

Sin embargo, cuando faltan pocos días para que se cumplan los plazos que obligan a todas las personas, naturales y jurídicas, a adoptar el nuevo sistema, es necesario prender la alarma. La razón es que, tal como van las cosas, puede haber un colapso en el sector bancario o una avalancha de protestas entre sectores de la población que podrían quedar desprotegidos, por no cumplir con los tiempos fijados.

Según las cifras disponibles, hoy en día se recaudan aportes de parafiscales a través de la planilla, de un número aproximado de 6 millones de cotizantes, lo cual sin duda es un éxito incuestionable. No obstante lo anterior, existe gran inquietud en relación con los pagos que deben realizar los trabajadores independientes y los pequeños aportantes con menos de 10 trabajadores, que no se encuentran bancarizados o no tienen acceso seguro a Internet.

Para este grupo fue establecido un mecanismo denominado 'planilla asistida', que requiere un soporte especial de los operadores de información, e incluye al sector financiero y las cajas de compensación, entre otros. Pero en los últimos días han aumentado las quejas de personas que dicen que no entienden o no reciben la ayuda anunciada, con lo cual la presión no ha hecho más que aumentar.

Dadas esas circunstancias, el cálculo de Acemi es que más de 350 mil pequeños aportantes y de 600 mil trabajadores independientes continúan realizando sus pagos por el sistema tradicional de planilla física que se tramita en las oficinas bancarias. Pero esa posibilidad expira el 2 de mayo para los primeros y el primero de julio para los segundos, fechas en las cuales los que no adopten el nuevo método podrían terminar desprotegidos. En otras palabras, si cada cotizante tiene en el sistema de salud dos beneficiarios, quedarían por fuera de este, casi 3 millones de colombianos.

Debido a los problemas ya experimentados, el Gobierno pospuso en repetidas ocasiones los plazos, algo que no hace más que posponer una solución definitiva. En ese sentido, la Procuraduría General recomendó hace pocos días permitir la cotización o pago de los riesgos propios del sistema de Seguridad Social Integral y del Sistema de Protección Social por un medio diferente a la PILA, hasta que se implementen medidas correctivas que garanticen la eficacia y cobertura plena de los mecanismos diseñados.

Eso sin hablar del limbo en torno a una ley aprobada por el Congreso, objetada hace unos meses por el Ejecutivo, que eliminaría la obligatoriedad de cotizar a salud y pensión al mismo tiempo. El propósito de la medida era evitar que un número estimado en 400.000 aportantes se desafiliara de la seguridad social, por la falta de recursos para pagar todo. Ahora parece que la iniciativa podría revivir, pero también es urgente una definición en este campo.

Por lo anterior, es fundamental evaluar los problemas actuales y dar solución a los mismos, antes de avanzar en la imposición obligatoria del nuevo procedimiento de pago. De lo contrario, el riesgo es que un número importante de trabajadores informales e independientes se quede sin los servicios requeridos, incluido el de salud, lo que iría en contravía de los propios intereses de la población y del Gobierno.

Un viejo refrán afirma que 'lo mejor es enemigo de lo bueno'. En consecuencia, no estaría de más que el Ministerio de la Protección Social se anticipe a los problemas y tome correctivos, antes de que por querer hacer más, haga menos.