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 A ciertos economistas atrae la posibilidad de eliminar las 'rentas' del narcotráfico y desestimular la oferta de drogas, legalizando su consumo. Otros responsabilizan la persistente demanda del mundo industrializado y destacan la alta elasticidad de oferta para concluir a la inanidad práctica y al contrasentido ético de que 'pongamos los muertos' sin mermar el narcotráfico. ¿Para qué erradicar la coca de Putumayo o Colombia si se traslada a Nariño, Bolivia, Perú y Brasil? 'Alguién' seguirá abasteciendo al consumidor neoyorquino o amsterdamés. Líderes indígenas abogan por legalizar el consumo tradicional de coca (no vista como droga) y su oferta. Personalidades de izquierda ven en la legalización una forma de resistencia a los 'mandatos del Imperio'.

Del debate queda por fuera la salud pública. El argumento de la eliminación de rentas rara vez entra a considerar el estímulo a la demanda asociado con un entorno 'legal' y menor precio de mercado, con su impacto sobre salud física y mental. Lo socavan, contrario sensu, intentos oficiales serios por consultar al tiempo un criterio de salud pública, excluir drogas 'duras', reducir la demanda, desintoxicar adictos y reprimir tráfico en fronteras y oferta comercial al por mayor. Así lo vienen haciendo Canadá, Irlanda, Países Bajos, Suiza y Seattle. Con estas políticas, ya no desaparecen las rentas. Los exitosos experimentos británicos de despenalización del consumo de drogas bajo estricto control médico, con carácter sine die (antes: para tratamiento o mantenimiento indefinido) o transitorio (ahora: para mantenimiento temporal), ni eliminaron rentas ni desestimularon el negocio.

Al preferirse a la legalización de jure la despenalización de facto (no implementación de normas vigentes sobre posesión, consumo y/o venta al por menor de cantidades limitadas de drogas 'suaves'), el 'clima empresarial' permanece 'incierto' y se mantienen las rentas. Una 'normalización' de jure contravendría la normativa internacional vigente: Convención Única sobre Drogas Narcóticas (1961; prohíbe cultivar y comercializar drogas 'naturales' como marihuana), Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971; prohíbe elaborar y traficar con y drogas sintéticas como anfetaminas), y Convención de la ONU sobre Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas (1988; penaliza la posesión ilícita de drogas). En resumen, nunca se dan las condiciones requeridas para eliminar rentas.

El reajuste del 'Consumo Nacional Legal' de coca en Bolivia, de su umbral de 1988 (12.000 Has.), ampliamente atendido por los cultivos tradicionales de los Yungas en los noventa (13.000-14.000 Has.), a la frontera legal actual (20.000 Has.), trae su propio círculo vicioso. Se anticipa un nuevo reajuste para cubrir la superficie cultivada actual, cercano a 29.000 Has.

Como el consumo indígena no se ha multiplicado 2½ veces en 20 años, ni se ha disparado la demanda industrial de coca para medicamentos o mate, la mayor oferta es transformada en pasta, clorhidrato y cocaína e ingresa al mercado internacional de la droga. Legalizar la oferta a solas tampoco elimina rentas. Afecta la salud pública 'río abajo', substituye bosques, cultivos y actividades alternativas, y trae corrupción, violencia, 'enfermedad holandesa' e inseguridad alimentaria para los bolivianos.