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Cuando el precio del barril de crudo tocó los 130 dólares, el Gobierno entró en un ataque de nervios. Y era entendible. No solo se trata de los precios más altos que ha alcanzado el petróleo sino que, como lo señalan todos los observadores, tendremos precios del hidrocarburo por las nubes para largo rato.

Cuando el ataque de nervios gubernamental llegó a su paroxismo hubo multitud de anuncios. Se echaron al aire (se notaba que sin mayor estudio) todo tipo de iniciativas. Se dijo que se le iba a suprimir el subsidio al uso del gas vehicular; se amenazó que, de común acuerdo con los alcaldes, se iba a generalizar el 'pico y placa' en todos los municipios del país; se anticipó que se estaba considerando la reducción de la sobretasa a la gasolina que hoy reciben departamentos y municipios; se dio a entender que el Gobierno estaba listo a sacrificar una parte del producido fiscal, que le genera tanto el IVA sobre los combustibles como el llamado impuesto unificado para aliviar la cuenta de quienes tienen la desventura de 'tanquear' en las bombas de gasolina por estos días; y, en fin, se llegó a decir que el Gobierno estaba considerando subirle los impuestos a las empresas petroleras que tanto ha cortejado para que vengan a Colombia.

Nada de esto se hizo finalmente.

El Gobierno se limitó a decir que había resuelto extender por un año más el plazo para concluir el desmonte de los subsidios a los combustibles. Y que, por lo tanto, esperaba que los incrementos periódicos que se seguirán haciendo no excedieran de 100 pesos por galón.

Fue un verdadero parto de los montes. Solo que en vez de un ratoncito inofensivo nació un verdadero 'orangután' fiscal. Aplazar un año más de lo que estaba previsto el cierre de la brecha entre los precios domésticos y los internacionales es la más costosa de todas las fórmulas.

En efecto, todo galón de gasolina que se vende en el país, por debajo de los precios internacionales, genera una obligación legal y cuantificable en virtud de la cual, el erario público debe compensar esa diferencia a los refinadores y a quienes participan en la cadena de la distribución de combustibles. Este fue el costo que se asumió a partir del momento en que el presupuesto nacional entró a pagar directamente el subsidio a los combustibles (antes lo hacía Ecopetrol). Y fue, además, condición indispensable para poder vincular capital privado al ensanche de la refinería de Cartagena y a Ecopetrol.

Según cálculos que reseñó recientemente Armando Montenegro, aplazar un año el desmonte de los subsidios puede tener un costo para el erario nacional del orden de 3,8 billones de pesos (cerca de un pinto del PIB). Y si el precio de referencia sigue ascendiendo en los mercados internacionales, la factura para el presupuesto nacional será inexorablemente mayor.

De otro lado, no es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres, pues bien sabido está que la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas de la población colombiana.

Como los recursos fiscales no son ilimitados, el Gobierno debería poner mucho más cuidado en definir a quién se entregan subsidios fiscales . Ya no podrá seguir siendo a quien más aplauda en los consejos comunales o en las asambleas gremiales. Ni podrá continuar con la regresiva fiesta de los privilegios tributarios desmesurados -fiesta promovida con entusiasmo por el actual Gobierno- que han terminado favoreciendo a los más opulentos de la sociedad.

Es urgente hacer una pausa y plantear una pregunta elemental, pero fundamental: ¿a quién deben otorgársele subsidios fiscales en Colombia? Este costoso parto de los montes de los combustibles debería servir para responder con más sindéresis la pregunta planteada.