Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

Las demoras y baja efectividad en los procedimientos judiciales y los procesos, son generadoras de congestión y atraso judicial. Es evidente que la dinámica de un proceso escrito se reduce considerablemente por las demoras propias de la radicación y envío de correspondencia, a lo que se suma que la calidad de las decisiones puede verse perjudicada por que se depende de la capacidad de descripción y argumentación escrita de las partes y de la interpretación adecuada que hagan los jueces.

En asuntos laborales la situación empeora debido a una serie de circunstancias que han conformado a lo largo de los años una cultura litigiosa y, en cierto sentido, evasiva de los derechos laborales.

En un estudio del 2008 la Corporación Excelencia en la Justicia identifico las principales causas de la congestión en los despachos laborales.

En primer lugar, hay un evidente incremento de los litigios debido en buena forma a las circunstancias sociales y de funcionamiento de los mercados que han desestabilizado el entorno productivo.

Muchas empresas han tenido que despedir trabajadores o cambiar las condiciones laborales de otros en busca de los equilibrios operacionales.

De otra parte, los cambios en la Ley 50 de prestaciones sociales han generado confusiones e interpretaciones equivocadas tanto en las empresas privadas como en las públicas, y los organismos de control del Estado no están prestando la asesoría y vigilancia adecuada para evitar estos problemas que pueden ser resueltos por una vía distinta a la judicial.

En Bogotá, en 10 años, el número de denuncias laborales se duplicó al pasar de 13.000 en 1998 a 28.000 en El 2007. En Medellín se triplicó en los mismos diez años, al pasar de 11.000 denuncias en 1998 a 33.000 en el 2007. En Cali la situación se cuadriplico: 3.500 en 1997 y 14.000 en el 2007.

Otro factor que incide sobre la celeridad en el trámite de los asuntos laborales son las tutelas, que al tener preferencia de atención por disposiciones legales, desplazan la capacidad de atención de los juzgados.

En Bogotá, por ejemplo, se estima que configuran el 60 por ciento de la carga de procesos que deben atender los jueces. Esto implica que los recursos que se destinan para el impulso de los casos deben dedicarse a resolver las tutelas.