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Pero, además de evaluar los recientes ajustes a la iniciativa de Perú, los ministros de los cuatro países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) la sometarán a votación, hecho que se considera uno de los más cruciales en la vida comunitaria de los últimos años.

La posición de Bolivia -de rechazo pleno a la propuesta del gobierno de Alan García, que desde un principio ha contado con el respaldo de Colombia- se debilitó con el paso de los días y ya no tiene el aval de Ecuador, pero ha puesto a la CAN en un grado de tensión que hace mucho tiempo no se vivía.

El gobierno peruano requiere modificar algunos artículos de la Decisión 486 relacionados con marcas y patentes no farmacéuticas y, además, establecer compensaciones por retrasos irrazonables en el otorgamiento de esta protección con el fin de poder implementar el Tratado de Libre Comercio negociado con Estados Unidos.

Los cambios propuestos facultan a cada gobierno andino a expedir normas internas para ampliar la protección de los derechos de propiedad intelectual, a lo cual Bolivia se ha opuesto radicalmente por considerar que se violaría la normatividad andina.

La posición boliviana no solo entraba la aspiración de Perú -y de Colombia, cuando el congreso estadounidense apruebe el TLC-, a poner en marcha el acuerdo con Estados Unidos, sino que también se ha convertido en una piedra en el zapato de la negociación de un Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea (UE), cuya cuarta ronda está prevista para realizarse entre el 7 y el 11 de julio.