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Jueves 31 de Julio de 2014

¿Retención a las pensiones de jubilación?

 Debe practicarse retención en la fuente sobre los ingresos recibidos por pensión de jubilación? ¿Qué norma regula el tema?

Para contextualizar el tema es preciso señalar que en principio la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria, se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta, salvo aquellos que expresamente exceptuados en la norma fiscal, por estar consagrados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional o como rentas exentas en el artículo 206 del Estatuto Tributario.

Pues bien, dentro de las excepciones previstas por la disposición mencionada, se encuentran precisamente en el numeral 5, modificado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, exentas hasta el año gravable 1997. A partir del 1° de enero de 1998 estas se encuentran gravadas solo en la parte mensual del pago que exceda de 1.000 UVT (22'054.000 pesos año 2008).

Teniendo en cuenta lo anterior, si el pago mensual de la pensión en el año 2008 es inferior a 22'054.000 pesos se trataría como renta exenta y, en consecuencia, no estaría sometida a retención en la fuente, pues de conformidad con el numeral 2° del artículo 369 del Estatuto Tributario, los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario no están sujetos a retención.

Ahora bien, en caso que el pago mensual de la pensión exceda de 1.000 UVT tendría que practicarse retención en la fuente sobre el monto que exceda, según la tabla de retención establecida en el artículo 383 del mismo Estatuto.

Es importante advertir que para tener derecho a la exención mencionada, el contribuyente debe haber cumplido los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

Ello significa que las únicas pensiones sobre las cuales recae el beneficio, son aquellas que correspondan a las categorías que integran el sistema general de pensiones a título de pensiones legales o extralegales.

Son legales, aquellas reconocidas por el sistema general de pensiones, en las categorías de vejez, invalidez por riesgo común y sobrevivientes, cuyos requisitos están previstos para cada una de ellas en los artículos 64 a 78 de la Ley 100 de 1993. Y son extralegales, aquellas reconocidas en virtud de pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo, las que constituyen ley para las partes y se encuentran amparadas por el artículo 55 de la Constitución Política.

Precisamente, en relación con este punto se ha pronunciado la jurisprudencia para entender que las pensiones voluntarias o anticipadas, como aquellas que son reconocidas por mera liberalidad del empleador o que hacen parte de planes de retiro voluntario, cuando el trabajador no cumple los requisitos previstos para acceder a la pensión legal, se encuentran por fuera del sistema a que se refiere la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, se encontrarían gravadas con el impuesto sobre la renta.

Quisiera que me informaran si deben liquidarse aportes parafiscales sobre las vacaciones, y en caso afirmativo, cual sería la normatividad aplicable. Igualmente me gustaría saber si existen antecedentes jurisprudenciales sobre el tema?

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, para efectos de la liquidación de los aportes parafiscales, esto es, al régimen del subsidio familiar, Sena e Icbf, la base es la nómina mensual de salarios, entendida como la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales.

Ahora bien, la redacción de la norma, en cuanto hace referencia a los descansos remunerados de ley entendidos como el goce efectivo de los días de vacaciones, ha suscitado controversia respecto de si la compensación de las vacaciones en dinero también hace parte de la base para liquidar los aportes parafiscales.

Como antecedente de esta divergencia, valga señalar que con base en una sentencia de octubre 29 de 1973 de la Corte Suprema de Justicia se había entendido que las vacaciones en dinero tenían carácter indemnizatorio, por lo que no debían incluirse en la base de liquidación de los aportes parafiscales, pues la referencia de la Ley era a los descansos remunerados, y en tal virtud, las vacaciones en dinero no tenían esa vocación sino que obedecían a una naturaleza distinta, la de una especie de indemnización por la no concesión del descanso al que tiene derecho el trabajador.
Sin embargo, con posterioridad, el tema fue analizado y aclarado por la jurisprudencia contencioso administrativa, en cuyo pronunciamiento puntualizó que si bien la compensación de vacaciones en dinero no es salario, no por ello puede decirse que estas no correspondan a un descanso remunerado, puesto que su pago tiene un carácter excepcional, que ocurre solo por autorización del Ministerio de Trabajo o por la terminación del contrato laboral sin que se hubieran disfrutado las vacaciones, tal y como lo prevé el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 1° de la Ley 995 de 2005, para cada caso. Estas circunstancias no le quitan la naturaleza de un pago que corresponde a lo que debió ser un descanso remunerado, de manera que independientemente que las vacaciones se compensen en dinero o en tiempo, se consideran descanso porque esa es su vocación legal.

En consecuencia, conforme con la jurisprudencia citada, las vacaciones compensadas en dinero, deben integrar la base para liquidar los aportes al Icbf, Sena y cajas de compensación.
No sobra recordar que este tema es relevante para efecto de la deducción de salarios, pues de acuerdo con el artículo 108 del Estatuto Tributario, se requiere estar a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social, cumplimiento que debe ser previo a la presentación de la correspondiente declaración de renta.

La diferencia entre bonificación por retiro definitivo y la indemnización por despido injustificado, podría traducirse -para efectos fiscales- en que esta última, en cuanto tiene por objeto resarcir al trabajador por la terminación de la relación laboral, sería un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? De ser así, ¿Lo sería el 100 por ciento del monto de la indemnización?


Para contextualizar el tema lo primero que debemos señalar es la diferencia entre una y otra figura.

Respecto a la indemnización por retiro injustificado, a la luz de la legislación laboral vigente, el empleador tiene la potestad de dar por terminado el contrato de trabajo cuando a bien lo tenga, sin que deba mediar justa causa para ello.

Tiene a su cargo la obligación de cancelar la indemnización de perjuicios correspondiente, establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, la cual se considera como la tasación anticipada de los perjuicios causados al trabajador con la decisión de dar por terminada la relación laboral.

Por su parte, la bonificación por retiro definitivo tiene una connotación de reconocimiento del esfuerzo y resultados obtenidos por la labor de un empleado que en forma voluntaria ha decidido retirarse, o puede consistir en un ofrecimiento patronal de sumas de dinero susceptibles de ser aceptadas o rechazadas por el trabajador dentro de un plan de retiro voluntario.

Ahora bien, para efectos fiscales resulta indiferente la naturaleza de las figuras mencionadas, pues como pagos provenientes de la relación laboral se encuentran gravados con el impuesto de renta, salvo algunos casos expresamente exceptuados por la ley, y en consecuencia, estarían sujetas a retención en la fuente.

En efecto, respecto de la indemnización por despido injustificado, señala el artículo 401-3 del Estatuto Tributario que las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria, están sometidas a retención por concepto de impuesto sobre la renta, a una tarifa del 20 por ciento para trabajadores que devenguen ingresos superiores a 204 UVT (4'499.016 pesos año 2008). Esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 488 de 1998, en donde se prevé que las indemnizaciones que reciben los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas, departamentales, distritales y municipales están exentas del impuesto sobre la renta.

Igualmente, las bonificaciones por retiro están sujetas a retención en la fuente sobre el valor pagado, siguiendo para el efecto el procedimiento consagrado en el artículo 9° del decreto 400 de 1987.

Con fundamento en lo anterior, es de concluir que como regla general, tanto las indemnizaciones por despido injustificado, como las bonificaciones por retiro voluntario, en su calidad de ingresos provenientes de una relación laboral, se encuentran gravadas con el impuesto de renta, y en consecuencia, sujetas a retención en la fuente en la forma y condiciones previstas en las disposiciones indicadas.

Sin embargo, en cualquier caso, téngase presente que precisamente por tratarse de pagos provenientes de la relación laboral, les aplican las normas de ingresos no constitutivos de renta en lo que aportes voluntarios a fondos de pensiones se refiere.

También la renta exenta del 25 por ciento prevista para pagos laborales, esta última sin limitarla a los 240 UVT señalado para los pagos mensuales, esto por tratarse de un reconocimiento que no tiene vocación mensual, criterio que fue puntualizado por la misma autoridad tributaria.

Publicación
portafolio.co
Sección
Economía
Fecha de publicación
30 de junio de 2008
Autor

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