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El funcionario pidió a los gobiernos latinoamericanos que "se tranquilicen y confíen" en la nueva norma.

Señaló que los miembros de la UE pueden darle a estas personas un certificado de migración regular, pero, si deciden enviarlos de regreso, lo deberán hacer bajo las reglas claras que establece la nueva directiva.

Barrot indicó que la norma, que entrará en vigor en 2010, estimula el "retorno voluntario", pero si el inmigrante se niega tendrá derecho a recibir asistencia legal y condiciones de retención "humanas".

La norma prevé que los inmigrantes en condición irregular, incluidos los menores, podrán ser llevados a centros especiales de retención por hasta seis meses y en casos excepcionales hasta por 18 meses, en tanto se tramita su expulsión de Europa, a donde no podrán regresar en cinco años. La directiva generó un rechazo generalizado entre los Gobiernos latinoamericanos, que tacharon la norma de contraria a los derechos humanos.