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Entre las oficinas gubernamentales que tienen contratos con las empresas implicadas, están: Smith Hill, la Procuraduría General del Estado, dos oficinas de la División de Vehículos de Motor y la Junta Electoral.

TriState ha tenido por lo menos 27 contratos con el estado y Falcon por lo menos 18.

Las autoridades federales no dijeron si las empresas que los
contrataron enfrentarán cargos.

Sin embargo, Thomas R. DeSimone, abogado de TriState, dijo que la compañía hizo todo lo posible para asegurarse de que sus trabajadores tenían residencia legal, incluyendo el pedirles identificaciones válidas con fotografía y la verificación de la ausencia de antecedentes penales. Señaló que la compañía hará su propia investigación.

Las personas detenidas han dicho que provienen de México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Doce de los arrestados, incluyendo nueve mujeres, fueron puestos en libertad condicional por razones que los investigadores
describieron como de cuidado familiar.

El resto permanece bajo custodia, mientras los fiscales determinan si les presentarán acusaciones penales, como robo de identidad y fraude con documentos.