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En una comunicación dirigida al Ministerio de la Protección Social, el Ministerio Público asegura que "hay razones de interés público" para aplazarla".

"Resulta contrario a la Ley el gravamen que pretende imponer un costo al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte al sistema en la cobertura de cada riesgo", dice la Procuraduría. Estaba previsto el cobro de 3.000 pesos por aportante.

El Ministerio Público señala que el Ministerio de Protección Social no tiene control efectivo sobre los operadores que están cobrando ilegalmente por Pila, "lo cual genera una cadena de corrupción y de irregularidades".

La Procuradoría considera que la nueva planilla tiene huecos que podrían dar lugar a fraudes contra el sistema de seguridad social.