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La semana pasada escribió Salud Hernández una columna en la que criticó duramente al ministro de Transporte y cuestionó la tradición nacional de obras públicas desde la perspectiva especial que tiene ella por haber nacido y crecido en un país que ha logrado desarrollar una infraestructura decente a partir de un atraso evidente. Su principal crítica es que colectivamente los colombianos carecemos de ambición en las obras públicas y que nos contentamos con soluciones inferiores, malas o baratas.

En lugar de aspirar a grandes obras, que queden bien hechas, hacemos carreteritas, puentecitos y tunelitos, con la excusa de que no tenemos suficientes recursos, y pasamos los siguientes cincuenta o cien años padeciendo las consecuencias de esa mala decisión, asumiendo costos que en valor presente suman varias veces lo que hubieran costado las obras bien hechas. La carretera al Llano es un ejemplo de ese comportamiento. Varias generaciones hablaban de ella, hasta hubo políticos que construyeron su carrera política con el cuento de que iban a construir en Villavicencio el aeropuerto de Bogotá, pero durante 50 años nadie se preocupó por hacer un buen diseño. Finalmente cuando se produjo resultó inadecuado, como es ahora evidente, y el ministro propone hacer otra carreterita que maximice el número de municipios por los que pasa y el tiempo de viaje, sin resolver el problema.

Raras veces se conciben aisladamente grandes proyectos, pero por alguna razón quedan mal hechos, se roban la plata o no sirven para nada. En Medellín, resolvieron hace años que el aeropuerto del centro de la ciudad no les servía y que su operación era muy peligrosa. Construyeron un hermoso aeropuerto en Rionegro con plata de la nación, pero lo conectaron con dos carreteritas peligrosísimas. Entonces, revivieron el aeropuerto que no les servía y lo están llenando de vuelos, mientras el aeropuerto internacional de Rionegro languidece en el altiplano, cada vez con menos pasajeros. Esta situación no tiene en cuenta el lucro cesante de la inversión, el riesgo de la proliferación de vuelos en el viejo aeropuerto y el desperdicio de oportunidades para hacer florecer la región de Rionegro o para llevar a cabo un gran desarrollo urbano en la mitad de Medellín.

Lo increíble de todo esto es que muy poca gente se queja de los padecimientos que sufren cuando se desplazan en un país sin infraestructura y los empresarios asumen los costos de esa ineficiencia, como si no tener infraestructura fuera un sino trágico de Colombia y no tuviera remedio. Esta resignación pública a padecer los resultados de la incompetencia o la venalidad de contratistas y funcionarios irresponsables permite que ellos prosperen y que no tengan que responder por sus decisiones, acciones u omisiones.

El jueves pasado, por ejemplo, el periódico PORTAFOLIO publicó un artículo que sostiene que el Trasmilenio de la capital antioqueña "está varado porque le faltan $215,000 millones para culminar la primera fase", y que el gobierno municipal está estudiando la posibilidad de dejar las obras a medio hacer y contratar un trencito mucho mas caro. Procede el artículo a desacreditar el Trasmilenio porque en Barranquilla tiene un atraso de 9 años, porque en Cali el gobierno municipal y el ministerio del trasporte han demorado la puesta en marcha del proyecto más de un año. En todas partes los atrasos causados por empresarios inescrupulosos, funcionarios negligentes y malas decisiones se los achacan al sistema y no a los responsables. El costo económico de tolerar esa mezcla escandalosa de incompetencia y de corrupción es gigantesco y es un sacrificio de varios puntos del PIB en crecimiento durante generaciones.