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Treinta y cinco (35) procesos de toma de posesión, todos anteriores a 1998, se lograron concluir gracias a la gestión que hemos adelantado al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual inicia en septiembre de 2002.

Estos son resultados tangibles que incluyen seis reestructuraciones de empresas con vinculación de inversionistas y acuerdos con trabajadores, orientados a terminar convenciones colectivas onerosas y definir planes de retiro para dar paso a soluciones estructurales a compañías en quiebra, y con problemas de crisis en la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Entre 1996 y 1999, Emcali se endeudó en 1,5 billones pesos y contrajo compromisos de inversión en una suma equivalente, lo cual le implicó endeudamiento financiero muy por encima de su capacidad de generación de ingresos y significó cesación de pagos e iliquidez, que la llevaron al borde de una inminente liquidación. En agosto de 2002, con el Gobierno del doctor Alvaro Uribe Vélez, se inicia un proceso de salvamento en el cual fue fundamental el liderazgo que ejerció la Superintendencia de Servicios Públicos para concretar, a finales de 2005, un Convenio de Ajuste Financiero y Laboral con los acreedores y los trabajadores de la empresa.

El Convenio permitió abrir un espacio financiero para poder reiniciar los programas de inversión en servicios públicos, paralizados desde 1998 y desactivar la crisis financiera, requisito necesario para iniciar, a partir del 2006, un proceso paulatino de mejora de la gestión de los servicios públicos para la ciudad.

Como resultado del Convenio, Emcali ahorró 3,2 billones de pesos y logró terminar un oneroso acuerdo de compra de energía con los dueños de la Generadora Termoemcali, contrato que iniciaron administraciones anteriores a la intervención. Este contrato le significaba a Emcali pagos por 4,5 millones de dólares mensuales, lo cual impedía contar con recursos mínimos de funcionamiento y tener disponibilidad de dinero para acometer inversiones urgentes para el mejoramiento de los servicios públicos a cargo de la compañía.

El Convenio implicó también que la nación accediera a asumir a cubrir el pago de la deuda externa de Emcali, pagos que hasta la fecha rondan los 700 mil millones de pesos y que serán cancelados por la compañía a la nación a partir del 2015.

En el 2007, se hizo evidente que continuaba el deterioro de los indicadores de energía y la pérdida en un año de 100.000 usuarios de telecomunicaciones, en un entorno de fuerte competencia de todas las empresas de telecomunicaciones que encuentran muy atractivo y con grandes potencialidades el mercado de Cali. Fue claro, que si se proyectaban las cifras de Emcali a 10 años, el escenario incluía un deterioro progresivo de las finanzas de la compañía, producto del declive del negocio de telecomunicaciones, lo cual requería de medidas oportunas para atraer recursos adicionales, promover las inversiones necesarias en el corto plazo y garantizar un desarrollo tecnológico vigoroso, convergente e inmediato en telecomunicaciones y hacer frente a la competencia.

Además, se identificó la necesidad de mitigar el déficit de energía, proyectado a diez años en 372 mil millones de pesos en valor presente y originado en gran medida en sus costos operacionales y en el peso del pasivo laboral de este negocio. Adicionalmente, es urgente encontrar recursos adicionales por 600 mil millones de pesos, para enfrentar el saneamiento del Río Cauca y la optimización del servicio de agua y alcantarillado.

Actualmente la Superintendencia lidera, conjuntamente con la doctora Susana Correa, nueva agente especial de la Superintendencia en Emcali, la discusión de la propuesta de escisión presentada el pasado 17 de junio por la Superintendencia a la Alcaldía de Cali y al Concejo, en un evento que contó con la presencia del señor Presidente a la ciudad. Se ha abierto un espacio de discusión pública franca y directa con la ciudad, la Alcaldía y el Concejo de Cali, lo cual ha incluido la presentación de las cifras proyectadas de la compañía. También se han evaluado las opciones de reforma de la estructura de Emcali, en un contexto, que ante todo busca, además de preservar el patrimonio público de los caleños, respetar los derechos de los trabajadores, de los pensionados, los acuerdos logrados con los acreedores y garantizar que, si se aprueba la escisión, los demás servicios de electricidad, agua potable y saneamiento sean viables y sostenibles en el mediano y largo plazo.

Todo esto condujo a la propuesta de la superintendencia y de la junta consultiva de Emcali, de escindir el negocio de telecomunicaciones para especializarlo y atraer un inversionista estratégico, que además de capitalizar el servicio, aporte recursos adicionales del orden de 324 mil millones de pesos, destinados al pago de mesadas pensionales corrientes y el fondeo del pasivo pensional a largo plazo de los negocios de electricidad y agua y alcantarillado, con el fin de garantizar, ante la eventual escisión de telecomunicaciones, la viabilidad a largo plazo de los otros servicios.

Conviene recordar que la discusión con la ciudad se inició a mediados del año pasado, en medio de una profunda crisis institucional del Municipio, ocasionada por la destitución del Alcalde. La escisión de uno de los servicios de Emcali debe ser tramitada como Acuerdo de iniciativa del Alcalde, quien lo somete a aprobación del Concejo. El proyecto de acuerdo tuvo un trámite inicial y se retiró de la discusión por iniciativa del Alcalde encargado y del Gerente de la empresa, decisión que no fue consultada por el Gerente con la Superintendencia, quien como Agente Especial en
Emcali tenía la obligación de hacerlo. Este retiro ocasionó un retraso de nueve meses más en el trámite de la iniciativa.

Debe anotarse, que de acuerdo con la ley que regula los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos, los Gerentes de las empresas intervenidas actúan como Agentes Especiales de la Superintendencia. Todos los Agentes Especiales, que asumen las funciones de Gerente, son autónomos para tomar decisiones relacionadas con la gestión de los servicios públicos a cargo de la empresa y, en relación con la gestión, el alcance de la vigilancia y control de la Superintendencia es el mismo que se realiza con las demás empresas de servicios públicos, sin diferenciación alguna. Como ilustración, la Superintendencia en ejercicio de su función de vigilancia y control ha impuesto en los últimos años, multas del orden de los 904 millones de pesos a Emcali por infracciones del régimen de servicios públicos.

Pero las decisiones de fondo para resolver las situaciones estructurales de las compañías intervenidas, que impliquen la toma de decisiones tales como liquidación de la empresa, escisión de negocios, capitalización orientada a obtener recursos de largo plazo, acuerdo de acreedores, etc., son decisiones que competen e involucran a la Superintendencia quien lidera y coordina estas actuaciones con el Agente Especial.

Por ejemplo, el viernes pasado Emsirva, como empresa intervenida, culminó, en un proceso coordinado entre la Superintendencia y la Agente Especial, el concurso para otorgar tres áreas de servicio de aseo durante siete años, lo cual permitirá resolver de fondo las deficiencias en la prestación del servicio de aseo y recolección de basura de Santiago de Cali.

El proceso fue tan transparente y con reglas tan claras, que mereció el reconocimiento no solo de las empresas ganadoras, sino incluso de las que no resultaron favorecidas. Situación similar se presentó con la selección del contratista que presta a partir del pasado mes de junio, los servicios de disposición en relleno sanitario de las basuras de Cali y que terminó con un problema que llevaba diez años sin resolverse por la ciudad y sus autoridades.

La intervención de Emsirva se inició en octubre de 2005, y solo falta definir cómo se financian 81 mil millones de pesos que vale el pasivo pensional de la empresa, recursos que se esperan obtener del proyecto de aprovechamiento del gas de Navarro, el antiguo relleno sanitario.