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Puede que se esté en desacuerdo con una o varias medidas de la junta directiva del Banco de la República; eso es obvio y hasta natural dentro de una rama del saber que se presta a múltiples y variadas interpretaciones. Empero, en lo que sí no se puede estar en desacuerdo es en el inmenso valor que representa para la estabilidad institucional y, por supuesto, para la economía nacional, la autonomía de la entidad consagrada en la Constitución Política.

Es, a no dudarlo, un bien público que debe ser estimado por todos y defendido a todo trance.

Para quienes la política es el punto de referencia obligado de su diario quehacer, cuánto no darían por tener en sus manos la potestad de manejar uno de los instrumentos más importantes de la institucionalidad económica. Cómo puede ser, rezongan a cada paso, que los comandos del complejo aparato financiero estén en manos de unos tecnócratas insensibles a los clamores de la cambiante opinión pública y no de sus representantes. Los interpretes auténticos del sentir de las gentes somos nosotros -dicen- y no los vanidosos economistas distantes del mundo y sus dolores. Error craso el que cometen.

En países que han vivido el hundimiento de sus monedas, la necesidad de una reforma del sistema monetario se concretó en la creación de un banco central autónomo. Ese es el caso de Alemania, que en la época del 'Tercer Reich' experimentó la dura experiencia de haber tenido una política monetaria al servicio de la financiación de armamento y guerra.

Aunque es verdad que se mantuvieron estables los precios mediante el empleo de un control riguroso, también es muy cierto que el valor de la moneda fue siendo socavado en virtud de ese procedimiento que irremediablemente desembocó en un fenómeno de 'inflación reprimida'. Es esta la razón por la que el pueblo alemán le tiene un gran temor a la inflación y por la que, así mismo, mantiene en el primer lugar de las discusiones de la política económica la relación entre el Estado y el Emisor.

Desde un principio, el Banco Central no dependió de ningún organismo político alemán; ni siquiera del Gobierno Federal. Su plena autonomía frente a los aliados la adquirió en 1951. Tras haberse hecho dos veces nefastas experiencias con un instituto emisor obligado a cumplir las instrucciones del Gobierno, el principio de una banca central independiente no ha sido objeto de disensión.

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley sobre el Deutsche Bundesbank, el legislador le encomendó la función de regular la circulación monetaria y la provisión de créditos a la economía, con el fin de salvaguardar la moneda y velar por el debido desarrollo del servicio bancario de pagos dentro del país y con el exterior.

Además del cometido tradicional de un banco central, consistente en el mantenimiento de un sistema monetario ordenado, la citada ley destaca, sobre todo, la responsabilidad de la institución en materia de política de estabilidad -otro bien público invaluable.

Siendo claro, por supuesto, que este hecho no debía ser interpretado de tal forma que la estabilidad del valor de la moneda pudiera constituir la única directriz de la política monetaria, del todo independiente de las interrelaciones económicas.

A pesar de que el deber fundamental del banco es el de apoyar la política económica del Gobierno, tal deber ha sido vinculado expresamente a la condición de que su cumplimiento no le haga incurrir en conflictos insuperables con su propia tarea. En otras palabras, para la entidad está absolutamente claro que su función básica es la de la estabilidad, lo cual no implica que no colabore con el Gobierno en sus tareas. Ningún trabajo nos cuesta seguir el ejemplo de un país serio.

rosgo12@hotmail.com