Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

La información según la cual los fondos de pensiones obligatorias volvieron al terreno de los rendimientos positivos en julio, después de experimentar fuertes pérdidas un mes atrás, es una oportunidad para mirar con una mayor perspectiva el desempeño de un sector del cual depende la calidad de vida futura de millones de colombianos. De acuerdo con cifras de Asofondos, el saldo acumulado que dejó el ejercicio del mes pasado fue de 213.618 millones de pesos, con lo cual la rentabilidad de los últimos 12 meses llegó al 5,69 por ciento y el volumen de recursos administrados a 54,1 billones de pesos. Si bien ese resultado puede parecer mediocre frente al 24,58 por ciento alcanzado en el 2005, sirve para demostrar que cualquier evaluación que se haga sobre el sector tiene que ocurrir en un contexto de largo plazo.

Ese es un elemento fundamental, si se tiene en cuenta que el proyecto de reforma financiera que sigue su trámite en el Congreso introduciría cambios radicales a un sistema que lleva década y media de existencia. A pesar de que la iniciativa de origen gubernamental tiene que ver con múltiples temas, en los debates ha sido claro que la volatilidad observada en pensiones ha sido entendida como un problema estructural que hay que corregir.

Debido a ello, han surgido propuestas para inmunizar a los ahorradores de los altibajos que pueden afectar el saldo de sus ahorros, las cuales van desde la garantía de una rentabilidad, hasta extremar castigos que golpearían a las entidades privadas que manejan el dinero del público.

El problema es que sin desconocer la buena voluntad que existe detrás de tales ideas, es claro que un exceso de condiciones puede acabar siendo contraproducente para los futuros jubilados.

Más allá de que los límites son necesarios y la regulación indispensable, también es definitivo dejarles espacio a las administradoras para que hagan buenos negocios y compitan, gracias a la eficacia en su gestión. De lo contrario, el país puede encontrarse con una versión moderna de la parábola de los tres hermanos a quienes su padre les entregó una suma de dinero para que lo invirtieran, resultando castigado el más cauto de todos. Y aunque nadie quiere perder el capital ahorrado, tampoco se trata de evitar el riesgo a tal extremo que las oportunidades sean desechadas, por preferir opciones sin peligro. Una prueba de ello es que 100 pesos invertidos hace cinco años habrían rentado 32 al ritmo de la inflación, 44 al de la tasa promedio de los certificados de depósito a término de los bancos y 77 en los fondos de pensiones.

Por tal motivo, todo apunta a que el Congreso apruebe la propuesta de crear diferentes tipos de fondo, según el perfil del usuario. Así, es probable que un aportante más joven prefiera sacrificar seguridad a cambio de rentabilidad, mientras que alguien que esté cerca del retiro escoja la opción opuesta. En todos los casos debería haber normas generales sobre la composición de los portafolios, sin perder los elementos que han ayudado a que casi la mitad de los dineros que hoy manejan las administradoras de pensiones provengan de los rendimientos obtenidos.

Hecha esa consideración, es clave que el esfuerzo de diversificación de las opciones continúe. A pesar de que el peso de inversiones como los títulos de deuda pública ha bajado frente al nivel de hace unos años, los fuertes cambios de precio de los bonos del tesoro colombiano tienen mucho que ver con el regular resultado en lo que va del 2008. Así las cosas, lo ideal es depositar menos huevos en esa canasta, una razón por la cual la posibilidad de apostarle a la infraestructura nacional es una opción llamativa, siempre y cuando mejoren las reglas de juego que deberían acompañar a los megaproyectos viales anunciados. Pero mientras eso ocurre, es indudable que no solo los usuarios de los fondos de pensiones deben entender los cambios que vienen, si el Congreso lo decide. También las sociedades administradoras tienen que hacer bien la tarea de explicar y aplicar las nuevas condiciones, para garantizar la legitimidad de un sistema que puede mejorar y crecer mucho más.