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Es una gran paradoja que Colombia, con una oferta hídrica seis veces superior al promedio mundial y un volumen disponible estimado en 50.000 metros cúbicos por habitante, tenga (según el Censo 2005) 8 millones de personas sin servicio público de acueducto y cerca de 13 millones sin alcantarillado.

Esta dramática situación es el resultado de décadas de ausencia de políticas públicas, del desorden administrativo, de la politiquería y la subvaloración del recurso.

En aquellos tiempos, la responsabilidad del suministro de agua y del manejo de desechos era de los alcaldes.

Pero hacia 1950, sobrevino la descentralización como remedio para todos los males de la nación y se creó el Insfopal (Instituto Nacional de Fomento Municipal), este a su vez promovió las Acuas, entidades departamentales conformadas con la participación del departamento, los municipios e Insfopal, para el manejo de acueductos y alcantarillados.

Luego se crearon las Empresas de Obras Sanitarias -Empos, organismos ejecutores de carácter regional o municipal.

Todo aquello hizo crisis, así que se liquidó Insfopal, se le quitó al Ministerio de Salud sus funciones relativas al agua y todo el paquete se depositó en el Ministerio de Desarrollo Económico.

A semejante caos se puso término en 1994 con la Ley 142, que sirvió como fundamento para la adopción de una política sectorial para al Agua potable y el Saneamiento básico.

A lo largo de dos generaciones de reformas para el conjunto de los servicios públicos domiciliarios, se ha venido estructurando el sector.

Con la primera, se despejó el camino para la participación del sector privado en su prestación; con la segunda se crearon los instrumentos para la regulación tarifaria.

El sector se fundamenta en la separación entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.

En el entorno mundial, con el siglo XXI los temas relacionados con el medio ambiente, la pobreza, el agua potable pasan a los primeros lugares en la agenda internacional.

En el año 2000, 191 países adoptaron los Objetivos del Milenio:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4. Reducir la mortalidad infantil.

5. Mejorar la salud materna.

6: combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Aunque la palabra 'agua' no aparece en esta formulación corta, basta una lectura detenida para concluir que el agua y el saneamiento constituyen un eje transversal a los 8 Objetivos. Puede hacerse el mismo ejercicio con respecto al componente social del actual Plan de Desarrollo.

Se verá que el Agua Potable y el Saneamiento están en la base de políticas públicas como: promoción de la equidad, pobreza y población vulnerable, ciudades amables, infraestructura para el desarrollo, equidad en el campo, crecimiento alto y sostenido, productividad y competitividad.

Estas reflexiones bastarían para destacar la importancia estratégica de los Planes Departamentales de Agua incorporados al Plan de Desarrollo mediante documento Conpes de marzo de 2007.

El sector de la ingeniería sanitaria y ambiental, agremiado en la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, ha manifestado su preocupación por el avance de los planes en cada departamento.

El país no puede desperdiciar esta oportunidad única de avanzar hacia el cubrimiento universal en el suministro de agua potable y saneamiento básico.

El Gobierno ha dispuesto los recursos (8 billones). El ministro Juan Lozano y la viceministra de Agua, Leila Rojas trabajan duro, pero se requiere mayor diligencia y celeridad por parte de todos los gobernadores y de todos los alcaldes.

Para acompañar este proceso y hacer un seguimiento sistemático hemos propuesto la creación del Observatorio de los Planes Departamentales de Agua, promovido por las entidades públicas y privadas del sector.

Se trata de un instrumento que reúna la información, la sistematice y la ponga a disposición de los responsables de la toma de decisiones y de la formulación de las políticas sectoriales.