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Lozano denunció en días pasados la existencia de "traficantes de la recompra de viviendas que aceleran los remates de inmuebles desalojados para venderlos a un menor precio".

Y es que de ahí, precisamente, se presume que está partiendo la acción que Lozano identificó como la 'red de remates'. Ante esto, el Ministro agregó que "hay indicios de actuaciones indebidas en algunas instancias de la rama judicial y otros involucrados".

Ayer, la situación fue corroborada por Fernando Salazar, director de Anupac, asociación defensora de los usuarios del Upac, quien el viernes pasado aseguró que aunque un pronunciamiento similar se había hecho hace un año a raíz de la sentencia SU- 813 de la Corte Constitucional, que ordenaba las liquidaciones hipotecarias y evitar los desalojos injustos, los resultados aún no se ven.

"El problema es que no existe una herramienta jurídica para evitarlos. Además no hay manera de frenar la situación si los bancos siguen haciendo caso omiso a revisar los créditos que manda la sentencia". Agregó que le sugirió a Lozano contrarrestar la ineficiencia de la banca a través de un comité para revisar las reliquidaciones.

En el Ministerio fueron claros en que hay instancias que se deben preservar y que a la situación se le hará el seguimiento de rigor, pero con base en las disposiciones de Ley.