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La cementera calificó la nacionalización de sus plantas como "una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela", informó la compañía.

La compañía mexicana sostuvo que "siempre ha mantenido una posición de respeto a las decisiones soberanas de los Estados en donde opera, que estén apegadas a la Ley, por lo que como empresa pública internacional, tiene la obligación ante sus accionistas de defender los intereses de la empresa".

Explicó que rechazó la compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela porque considera que "la oferta de 650 millones de dólares por su participación, está muy alejada del valor real de la misma".

La filial venezolana de Cemex fue la única de las tres afectadas por la estatización que no llegó a un acuerdo amistoso con el Gobierno venezolano y por ello fue expropiada.