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Para los economistas, los avatares del crecimiento, la evolución de los precios, la situación fiscal, los cambios en el comportamiento de los sectores productivos, el balance del comercio exterior y los impactos en la tasa de cambio, son cuestiones que ocupan lugar preeminente en la lista de sus preocupaciones. No obstante, el tema de las instituciones no les puede ser ajeno, pues en gran medida los resultados de la gestión económica, en particular de la inversión, están íntimamente relacionados con ese factor.

Explicar la larga historia del crecimiento sostenido de E.U. y Europa Occidental, los contrastantes desempeños de Taiwán y Corea del Sur, con su acelerado crecimiento económico, frente al desconsolador resultado de las economías del África, así como la disímil evolución de América Latina, sin tomar en consideración el desempeño de las instituciones es grave error, ya que la comprensión del cambio económico solo es posible si se tiene bien claro que el fenómeno está asociado con modificaciones en la cantidad y calidad de los seres humanos; con el caudal de conocimiento humano; y con el marco institucional que define la estructura deliberada de los incentivos de una sociedad. Por tal motivo, el panorama completo del cambio económico integra aspectos relacionados con el cambio demográfico, el institucional y el del conocimiento.

En consideración a que el Gobierno sostiene que una de las cosas más importantes para el país es lo que se haga en favor de la inversión, es pertinente examinar el punto a ver si en realidad vamos bien o, de pronto, andamos armando un mundo de ciencia ficción que a ningún lado nos conduce. Esto lo anoto, porque preocupa en alto grado el descuido con que se está manejando la cuestión de las instituciones, fundamental para el cambio positivo que todos anhelamos.

Los recurrentes anuncios de modificaciones a la Constitución para satisfacer aspiraciones electorales; los enojosos episodios de enfrentamientos entre diferentes ramas del poder; la generosidad de un tratamiento tributario para la inversión, que si bien puede parecer efectivo para estimular o atraerla en el corto plazo, su uso persistente y cada vez más generalizado puede resultar destructivo; en fin, las manifestaciones de fragilidad del orden establecido, se pueden exhibir como prueba de que no se están haciendo bien las cosas.

Sin temor a equivocación puedo afirmar que el instrumento más efectivo y el más importante dentro del pequeño conjunto disponible para atraer la inversión es la calidad de las instituciones públicas, en particular el marco regulatorio, el marco de la ley y el control de la corrupción, variables que tienen un poderoso efecto sobre las corrientes de inversión. Por eso, es justificada la obsesión por la calidad del ambiente económico e institucional en que operan las empresas. En realidad, los obstáculos más difíciles de remover para acelerar nuestro crecimiento no son la falta de capital ni la carencia de tecnología. Esas deficiencias son en gran medida el resultado de factores más profundos y difíciles de cambiar, tales son las normas, regulaciones y prácticas que conforman el sistema institucional.

De acuerdo con investigaciones recientes, Colombia se encuentra entre los países más afectados por la incertidumbre e inestabilidad de las reglas del juego. Y no nos digamos mentiras; para cualquier inversionista es más preocupante registrar los permanentes cambios en la Constitución, que la falta de algún estímulo pecuniario. La mayoría de los empresarios consideran que la inestabilidad es un problema serio por su especial incidencia en el desempeño de la economía. Es imposible negar que el comportamiento diferenciado de las economías a lo largo del tiempo está influido fundamentalmente por el modo en que evolucionan las instituciones. Por eso y por muchas más razones le debemos prestar atención a este vital asunto.

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