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El anuncio fue hecho durante la firma del Pacto de Transparencia con el vicepresidente Francisco Santos. Mediante este, prendió las alarmas con respecto a lo que González considera la 'mafia' que ha existido en Tránsito en los últimos años.

Las irregularidades las investigan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

El grupo investigador halló que 80.014 comparendos permanecieron por varios años archivados, tanto en la Secretaría de Tránsito, como en las oficinas de Tránsito de Villeta, Soacha, El Rosal, Cota y Ricaurte, lo que llevó al departamento a dejar de percibir 30 mil millones.

Igualmente, un centenar de comparendos tenían el mismo consecutivo de resolución que los exoneraba de ese pago. Por esto, a las arcas del departamento dejaron de entrar, entre el 2003 y el 2007, 2.594 millones de pesos.

Igualmente se halló que entre el 2005 y el 2006, en la administración de Pablo Ardila, 300 camiones y tractomulas fueron matriculados con fechas anteriores a la fecha de ingreso al país y sin la documentación requerida.