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La resolución de la jueza, Helga Marchant,del pasado 27 de agosto, evitó que la tesorería General de la República rematara algunos de los bienes del ex dictador (1973-1990), entre ellos la casa que posee la familia en el municipio de Las Condes.

El argumento de la jueza Marchant fue que los tribunales debían "satisfacer las obligaciones con el Fisco", según informó el viernes el diario electrónico El Mostrador.

La investigación contra el ex dictador comenzó en 2004 cuando el Congreso de Estados Unidos reveló un informe sobre cómo el sistema financiero de ese país había sido utilizado para lavar activos de distintos dictadores.

Petición

La petición de liberar los dineros había sido presentada ante Marchant por Pablo Rodríguez. Según la investigación, 20 de los 26 millones de dólares que mantenía Pinochet en esas cuentas aparecen sin justificación legal por lo que se ordenó el embargo de los fondos como medida de precaución.