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La ley de tarjetas de crédito, débito, prepago y pago electrónico exige a los bancos a entregar a los usuarios los referidos instrumentos aunque tengan deudas pendientes con otras instituciones y prohibe el cobro de los gastos de cobranza.

El diputado oficialista Dario Vivas declaró que la normativa servirá para resguardar a más de dos millones de usuarios que han sido víctimas de clonación y robo de claves electrónicas con sus tarjetas de crédito, según la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

Vivas dijo que en la nueva ley se prevé que las instituciones financieras deberán identificar a las personas que retiren el dinero mediante el delito de clonación.

El congresista explicó que el "dinero sustraído ilegalmente se le deja cargado (al usuario) a su cuenta en transición, y una vez que la banca demuestre quién sustrajo el dinero, si favorece al cliente, pues ese dinero pasará nuevamente a él con todos sus intereses devengados". Algunos analistas objetaron la ley argumentado que estimulará a los clientes a no cancelar a tiempo sus deudas con los bancos.

La nueva legislación surge en medio de un contexto en el que se ha incrementado la morosidad en el sistema financiero de forma considerable.

Al cierre del primer semestre, los créditos demorados y en litigio de la banca representaban 1,7 por ciento de los préstamos totales. Para el mismo período del 2007, los créditos con dificultades constituían 1 por ciento de la cartera bruta.

En Venezuela no existía anteriormente ninguna normativa especial sobre tarjetas de crédito y los bancos tenían libertad para otorgar el dinero plástico de acuerdo a sus evaluaciones internas. AP