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La idea es cerrarle el paso a esas compañías que existen en diferentes ciudades del país, pero que según indicios que tiene el Ministerio de Hacienda, también podrían estar llegando a países centroamericanos y a otras naciones.

Zuluaga dijo que las personas que lleven esos dineros ante esas 'empresas' podrán ser requeridas por las autoridades para que expliquen el origen de los recursos.

Advirtió que como no se sabe en dónde depositan los dineros los captadores ilegales, los ahorradores en un momento dado se pueden ver involucrados en negocios ilícitos.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, dijo, por ejemplo, que se han detectado casos de lavado de activos.

Lo cierto es que este martes, después de una reunión en la Casa de Nariño, el Gobierno decidió que radicará una iniciativa con mensaje de urgencia que modifique el Código Penal y que aplique penas mayores a los cuatro años para los representantes de las denominadas 'pirámides' con el propósito de que no sea un delito excarcelable como hoy lo es.

Aún no se tiene claro cuándo se presentará la iniciativa.