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Son cerca de 100 propuestas que requieren millonarias partidas para su ejecución, las cuales se empezarán a estudiar por los propios ponentes la semana entrante para tratar de tener una ponencia lista para segundo debate, ojalá la semana del 6 de octubre.

Sin embargo, cualquier pretensión en este sentido deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, el que está a la espera de la llegada de esas propuestas para su respectiva cuantificación y análisis, de las cuales la gran mayoría será, sin duda, rechazada.

Un 'rosario de peticiones'

Caminos veredales, acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua, programas de alimentación, educación, plata para las universidades, subsidios y hasta recursos para modernizar las instalaciones de las comisiones del Congreso y mejorar los equipos están entre las muchas pretensiones de los legisladores.

"Con lo que están pidiendo, hasta se puede arreglar la red vial del país", dijo uno de los ponentes, el representante a la Cámara Carlos Alberto Zuluaga.

Lo cierto es que ya en una primera lista de modificaciones, que ya fue aprobada en primer debate, los congresistas lograron, como cada año, que el Gobierno les diera luz verde a nuevos recursos para la denominada red terciaria, que es la que administran directamente los municipios.

A esas vías se destinarán el año entrante 120.000 millones de pesos más, que se sumarían a los 156.000 millones de pesos que el Gobierno asignará al mantenimiento de la red terciaria y a otros 120.000 millones de pesos que tienen reservados para la infraestructura vial regional.

De esta forma, las vías regionales tendrían a su disposición en el 2009 unos 400.000 millones de pesos.

Los nuevos 120.000 millones de pesos se financiarían con cargo a los recursos del saldo del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2008.

El Gobierno también les aceptó, y así quedó aprobado, destinar a los escoltas de la Policía Nacional que están al servicio de los congresistas una bonificación que hoy tienen los escoltas que están a disposición de funcionarios de los otros poderes.

Y además lograron que se asignaran 5.000 millones de pesos para subsidiar el precio del gas licuado de petróleo a los usuarios residenciales ubicados en zonas de frontera.