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Aunque el artículo 336 de la Constitución del 91 asignó al Estado el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar y estableció la destinación exclusiva de estos recursos a los servicios de salud, solo hasta el 2001 el gobierno expidió la Ley 643 como norma marco para el sector del azar.

Siete años después, el Legislativo considera que se deben hacer ajustes para preservar los ingresos del Estado, actualizar los conceptos y modalidades de estos juegos, combatir los juegos ilegales y promover los eventos y apuestas hípicas.