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Lo que se pretende es dar unos lineamientos para que las firmas intermediarias definan internamente los procedimientos a seguir para prevenir, controlar o administrar este tipo de situaciones.

Esto incluye la obligación de suministrar información adecuada a los clientes y a la empresa en que se trabaja, así como el manejo de inversiones personales, los deberes frente a los clientes y las políticas frente a la recepción de atenciones.

De otra parte, por primera vez se establece una regulación relacionada con las investigaciones económicas, pues estos departamentos normalmente emiten recomendaciones sobre inversión.

En ese sentido, la norma establece que cada informe debe contener unos términos y condiciones en los cuales hay que revelar a los clientes si hay un posible conflicto de interés con la entidad.