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Los directivos de las entidades de control les recordaron que, con la circular 48 de la Procuraduría, los gobernadores y los alcaldes tienen el deber de cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios que utilizan sus entidades territoriales pues de no hacerlo podrían incurrir en "falta gravísima", de acuerdo con el Código Disciplinario Único.

"Este es un trabajo conjunto que tiene como principal objetivo no sólo que los gobernantes y gerentes de empresas prestadoras cumplan con esta obligación, sino también que no se ponga en peligro la prestación de los servicios públicos a todos los demás colombianos", señaló la Superintendente de Servicios Públicos, Evamaría Uribe.

De hecho, la consecuencia de que las entidades no paguen los servicios públicos es que también se comprometen las inversiones en infraestructura, así como la calidad y la expansión en la cobertura de los servicios.

Vale la pena recordar, que un mes atrás la Superintendencia había hecho un llamado a todas las empresas de acueducto y alcantarillado endeudadas -en especial a las de la Costa Atlántica- para que se pusieran al día con los pagos atrasados que adeudan a las empresas de energía.