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Entre ellos se cuentan las necesidades del mercado laboral y la perspectiva de integración para fundamentar un pacto de Estado sobre inmigración.

Este pacto de Estado se fundamenta en la necesidad que tiene España de nuevos inmigrantes laborales en los próximos años a pesar de la incertidumbre económica, estimados en dos millones de personas hasta 2020.

La primera reflexión que hace el Grupo, en el que participa Rafael Puyol, vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa es que "es un buen momento para llegar a acuerdos políticos que faciliten un pacto de Estado sobre Inmigración", ya que su gestión es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta España en los próximos años y será cada vez más necesaria la migración a nuestro país de personas con mayor cualificación.

En ese sentido, el primer principio para diseñar los flujos migratorios es tener en cuenta, la inmigración laboral. Ello mitigaría el efecto llamada y minimizaría la inmigración ilegal y reforzaría la idea de que España necesita trabajadores de diversa cualificación.

Como segundo principio es importante enfocar la inmigración "a la integración ciudadana", no al concepto de trabajador invitado. La mayor estabilidad institucional, jurídica, de mercado y de bienestar social ayudaría a mejorar la empleabilidad y la productividad, reduciría la siniestralidad laboral y facilitaría la integración plena de los inmigrantes.