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"Esto es a causa de la pasividad de los curadores urbanos frente a la revisión de las declaraciones tributarias en las solicitudes de licencias de urbanismo y construcción", dijo el concejal.
 
"Los ingresos del curador urbano son directamente proporcionales a los metros cuadrados aprobados, es decir, que cuantos más metros aprueben en una edificación, mayores son los honorarios para el funcionario, lo que da como resultado una clara desventaja al pequeño constructor y a la misma ciudad", denuncia el Concejal.

Nora Cortés, presidenta de la Corporación de Curadores, dijo que el Concejal está desinformado y que hay informes en los entes de control que desvirtúan las afirmaciones.

Sobre los honorarios, agregó que se manejan con base en la Ley. "Claro, están en función de los metros cuadrados y en el estrato", enfatizó Cortés, quien agregó que el usuario le paga al Curador 78 mil pesos para que le aprueben una vivienda social. "Mientras tanto, nosotros asumimos 1,8 millones de pesos por expediente, que implica honorarios de abogados, nómida, etc.).

PORTAFOLIO consultó con el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien también refutó las afirmaciones del Concejal y, por el contrario, destacó la figura de los curadores. "Ha sido un gran avance para la planificación urbana y han permitido que las obras se desarrollen con todos los determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)".

Recordó que el Distrito reconoció recientemente que se requieren 65 trámites para la viabilidad de una obra. "De hecho -dijo Henao-, en Bogotá una licencia se demora un año y ocho meses para su aprobación, a lo que se suman trámites de plusvalía, entre otros. Esto, por el contrario, nos obliga a reforzar la figura y no acabarla".

En su denuncia, el concejal García citó un reciente informe que revela que no existe una correcta coordinación entre las curadurías, las oficinas de planeación y de control urbano.

"Esto genera conflictos de autoridad y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Además, estos entes se han convertido en un 'superpoder' utilizado para el beneficio y enriquecimiento personal desmedido; de hecho, para no poner en evidencia sus reales ingresos, los curadores relacionan gastos suntuarios o costos que no aportan a la optimización del servicio, sin guardar relación directa con la prestación de la función pública delegada".

Y continúa: "Irrespetar las normas del uso del suelo, el patrimonio ecológico de la ciudad, sumado a la falta de revisión del impuesto de delineación urbana, simplemente porque el ingreso es para el Distrito y no para ellos, complementan las causales para acabar con el funcionamiento de las curadurias urbanas", enfatizó el Concejal.

Finalmente, la Presidenta de la Corporación de Curadores aseguró que "tienen fallos de la Procuraduría, la Contraloría, la Personería e incluso, de la Secretaría de Hacienda en los que corroboran que no tenemos responsabilidad en ese impuesto ni en lo que el Concejal denuncia".

Agregó que, definitivamente, el Concejal está desinformado y que, por el contrario, la figura ha sido clave para impulsar el desarrollo urbano.

El viceministro Henao coincidió con Cortés y agregó que -además- las actuaciones de los curadores han sido claves para evitar la corrupción y han permitido que se las normas se respeten. "Lo que sí debemos revisar al interior son los trámites, que son engorrosos y demorados", concluyó.