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Los sindicados se desempeñaban como representantes legales de las ARS Cafaba, Caprecom, comparta, Comfacor, Coosalud, Emdis, Humana Vivir, Salud Vida y Solsadud.

El pliego de cargos fue elevado porque al parecer los particulares en mención durante la vigencia del 2004 no cancelaron dentro de los términos previstos por ley los saldos por concepto de obligaciones contraídas con la ESE Centro de Rehabilitación Integral Cari.

La Procuraduría Regional del Atlántico afirmó que esta falta es considerada como gravísima y a título de dolo, toda vez que en su condición de presentantes legales de una administradora de recursos del régimen subsidiado, encargada de manejar y administrar recursos públicos, estaban obligados a dar cumplimiento a las normas del régimen subsidiado.