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No obstante, Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social de la Presidencia, afirma que lo que se está haciendo es anticipar la llegada del programa a esta región del país.

Pero para los analistas, la medida genera malestar por dos razones principalmente: una, es que esos programas sociales, especialmente el de Familias en Acción, se convirtieron en una especie de comodín para el Gobierno.

Y dos, que el hecho de mover los recursos del presupuesto General de la Nación, aunque no se trate de una adición, implica que el resto de colombianos están pagando los errores de unos pocos que decidieron invertir sus dineros en esas entidades.

El decano de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, dice que el Gobierno se contradice al señalar que Familias en Acción no es un programa asistencialista, pero ahora lo usa para una coyuntura que es mitigar el impacto de las pirámides en unas regiones.

Agregó que "esto es algo transitorio y el programa de Familias en Acción tiene una permanencia de por lo menos 10 años. Además, me parece que los principales afectados con la captación ilegal no son personas de los estratos 1 y 2, que es a donde está dirigido el programa", dijo Gaviria.

Camila Pérez investigadora de Fedesarrollo, explica que Familias en Acción es un programa focalizado y que está destinado a una población en particular, por eso no se puede salir de un momento a otro a decir que se destinarán más recursos a ese programa para zonas específicas sin conocer muy bien si hay este tipo de población allá o no.

Opinión

El consultor Mauricio Cabrera llama la atención por un aspecto que para él es todavía más grave: el mensaje perverso que se da en el sentido de que para que el Gobierno atienda las necesidades de ciertos grupos, hay que estar en las pirámides, cuando hay otras necesidades como el invierno. "Es un esquema de privatizar las utilidades y socializar pérdidas".