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En la otra orilla están industria, servicios, comercio y comunicaciones, los cuales hasta octubre pasado -fecha de la última encuesta- mantenían un sano acceso a crédito.

Le prestan al que no necesita, piden papeles y fiadores imposibles de conseguir, niegan el crédito por cualquier reporte y encima obligan a tener otros productos para conseguir menores intereses, son algunas de las quejas contra las entidades crediticias que pregonan con frecuencia personas naturales y empresas.

Por su parte, el sistema financiero también tiene peros frente a sus deudores y una lista de riesgos que les sirve para tomar la decisión de a quién prestarle y a quién no.

En el caso de construcción y exportadores, las trabas se originan en expectativas de que en el 2009 la actividad edificadora se desacelere aún más y que las ventas al exterior se afecten por la crisis internacional. En lo que atañe a los agricultores, el problema es de vieja data, pues siempre se les ha considerado sujetos de crédito riesgosos, mientras que departamentos y municipios arrastran con el lastre de haber malgastado sus recursos, pese a que hoy sus finanzas están saneadas y controladas e incluso tienen, en conjunto, un balance más positivo que el Gobierno Central.

Frente a estas restricciones crediticias, María Mercedes Cuéllar, presidente de Asobancaria, es enfática en afirmar, que ellos "no le hacen el feo a ningún sector", sino que, al igual que las personas, hoy son más precavidos ante la perspectiva de un menor crecimiento económico, pues no se pueden dar el lujo de perder el ahorro del público.

Otra visión es la de los sectores relegados, como agricultores y exportadores, que sí sienten que les hacen el feo. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dice que el problema de los banqueros es que no entienden cómo funciona la actividad agrícola, ni sus flujos de caja. "Como no nos conocen, no se atreven a prestarnos".

Existe un grupo pequeño de entidades que sí lo hacen, pero el crédito agropecuario se ha reducido este año, dice Mejía y se refiere a los préstamos de Finagro. Entre enero y octubre estos sumaron 983.322 millones de pesos, 24 por ciento menos que un año atrás.

En lo que atañe a los exportadores, la traba ha estado en las cartas de crédito. "Es una queja generalizada de los afiliados a la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y el argumento que les dan los bancos es la crisis externa", dice Javier Díaz, presidente de este gremio, quien explica que además de una reducción en los cupos de las cartas de crédito, han experimentado un incremento de las tasa de interés, pues antes les prestaban a Libor más dos puntos y ahora les han subido incluso a 8 puntos adicionales. Por este motivo, Díaz tramita una reunión con el Ministerio de Hacienda para encontrar soluciones.

Por el lado de departamentos y municipios, la percepción no es tanto de un menor acceso a crédito, como de una menor capacidad de endeudamiento. Así lo sostiene Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), y explica que hay un reducido grupo de no más de 50 municipios que tiene las puertas abiertas en la banca pues cuentan con recursos suficientes para apalancar sus créditos.

La gran mayoría, agrega el directivo, por el contrario, genera menos recursos propios y depende de regalías o transferencias, las cuales tienen unos usos limitados, y eso dificulta el apalancamiento de deudas.

Los constructores, por su parte, no sienten que el crédito se les esté cerrando, debido a que este negocio hoy descansa en operaciones de preventa. "Los constructores que han buscado financiación de los bancos han encontrado respuestas favorables" dice Beatriz Uribe, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Sin embargo, en el Emisor aclaran que lo que disminuye para el sector no es la cartera total, sino los nuevos desembolsos.

Además, es innegable que la cartera hipotecaria perdió importancia en la economía. Hace diez años representaba el 11 por ciento del PIB y hoy es el 3,4 por ciento.

Al analizar los 5.000 mayores deudores privados del país, cuya información es procesada por la Superfinanciera, se puede ver que los que se dedican a la eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares son los que han tenido la mayor restricción crediticia, pues entre enero y septiembre sus obligaciones con la banca eran de 242.016 millones de pesos, 56 por ciento menos que un año atrás.

Así mismo, los que se dedican a extraer carbón y turba (carbón menos transformado) experimentaron una baja de 55 por ciento en sus operaciones de crédito, que hasta septiembre sumaban 114.660 millones de pesos.

LAURA CHARRY
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS