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La situación de las finanzas públicas para el año entrante es un misterio.

De una parte, Fedesarrollo y otros analistas han mostrado que el Presupuesto aprobado por el Congreso está desfinanciado en una cuantía de por lo menos 3 billones de pesos, porque han variado sustancialmente algunos supuestos que se utilizaron en su elaboración, como el crecimiento de la economía, la tasa de cambio o el precio del petróleo, además que no son buenas las perspectivas para las privatizaciones que se tienen programadas, todo lo cual va a disminuir los ingresos fiscales o aumentar el costo del servicio de la deuda externa.

De otra parte, el Ministro de Hacienda ha afirmado que no se aumentará el déficit fiscal del año entrante (3 por ciento del PIB), pero que tampoco se disminuirá el gasto público; por el contrario el Presidente está presionando para que se aumente de acuerdo a sus promesas de candidato, nunca aplicadas, según la cual es necesario solucionar primero el déficit social antes que el fiscal.

Como no hay sobre la mesa ninguna propuesta de reforma tributaria para aumentar los impuestos, no se sabe cómo se van a cuadrar las cuentas fiscales.

El ex ministro Juan Camilo Restrepo dice que no es posible resolver la cuadratura del círculo fiscal, pero el Presidente y el Ministro de Minas sí encontraron la forma de hacerlo con la arbitraria medida de no reducir el precio interno de la gasolina y el diésel, a pesar de la drástica caída de los precios internacionales del petróleo. Además, adornan esta medida con argumentos redistribituvos, como que los ricos son los que más consumen gasolina, que curiosamente, ahora se vuelven argumentos importantes después de que este Gobierno los ha desdeñado en todo su manejo tributario y laboral que ha contribuido a aumentar la concentración del ingreso en Colombia.

Lo que debe quedar muy claro es que mantener artificialmente altos los precios de los combustibles es un impuesto que se cobra a los usuarios del transporte público y privado, cuya cuantía puede superar lo recaudado con cualquiera de las últimas reformas tributarias, hecho que contradice las afirmaciones presidenciales de no subir los impuestos.

Es posible que existan argumentos que lo justifiquen, pero lo que es inadmisible es que un aumento de impuestos de estas magnitudes sea ordenado por resolución ministerial, ni siquiera por decreto del Presidente, y que no sea discutido ni aprobado por el Congreso que es el escenario definido por la Constitución para debatir y establecer nuevos tributos, así como para decidir sobre su asignación y distribución. Además se trata de un impuesto que se entrega a una empresa mixta como es Ecopetrol, de manera que una parte del recaudo se traslada a inversionistas privados.
Veamos las cifras para apreciar la magnitud del impuesto que quiere recaudar el Gobierno.

Los cuadros presentan los precios vigentes de la gasolina y el acpm según la última resolución de Minminas, y los precios de mercado de estos combustibles, incluyendo todos los impuestos, en las condiciones actuales, suponiendo la cotización del dólar a 2.350 pesos y el barril de petróleo a 45 dólares.

En el caso de la gasolina el consumidor paga hoy alrededor de 7.500 pesos por galón, (los datos pueden variar entre ciudades por los distintos costos de transporte, pero esto no afecta la comparación), lo que implica un sobrecosto de 2.140 pesos frente al precio a que se debería vender, que de todas maneras es un 40 por ciento más caro que en Estados Unidos en razón a los impuestos. Este excedente se reparte entre Ecopetrol (1.620 pesos), el Gobierno Nacional por el IVA (200 pesos) y la sobretasa que va para las regiones (320 pesos).

Para el acpm, el impuesto disfrazado que se está cobrando a los consumidores es ligeramente menor (cerca de 2.000 pesos por galón), porque el precio de referencia para calcular el IVA es más bajo y, porque la sobretasa territorial es de solo el 6 por ciento, mientras que para la gasolina es el 25 por ciento.

Como en la gasolina, la mayor parte de este excedente se lo lleva Ecopetrol, mientras que el Impuesto Global que cobra el Gobierno no cambia, pues está fijado por ley, como deberían ser todos los impuestos.

¿Qué representan estos precios más altos para las finanzas públicas? Muchísima plata por el volumen del consumo de combustibles en el país. En efecto, en Colombia se consumen unos 80.000 barriles diarios de gasolina y 100.000 de acpm, lo que significa más de 1.200 millones y 1.500 millones de galones respectivamente cada año. Por lo tanto, si los precios internacionales del petróleo y la tasa de cambio se mantuvieran en los niveles señalados, en un año los consumidores pagarían cerca de 5 billones de pesos de impuestos adicionales, que no han sido autorizados por el Congreso.

La distribución de estos impuestos sería un 9 por ciento para el Gobierno Nacional, un 10 por ciento para entidades territoriales y el resto, cerca de 4 billones de pesos, para aumentar las utilidades de Ecopetrol. Aquí aparece un problema adicional, pues solo el 90 por ciento de estas utilidades corresponden a la nación, o sea que la Resolución ministerial que crea un impuesto al fijar los precios de los combustibles por encima del valor del mercado, le está regalando 400.000 millones de pesos a inversionistas privados.

Finalmente, hay que desmontar el mito de la existencia del mal llamado 'subsidio' a la gasolina . El argumento oficial es que cuando el barril de petróleo estaba por encima de 80 dólares Ecopetrol vendía en el país la gasolina por debajo del precio internacional (pero muy por encima de su costo de producción), y que para compensar esa pérdida de ingresos el año entrante hay que girarle más de 5 billones de pesos del Presupuesto Nacional, lo cual representa un 'subsidio' a los consumidores de combustible que en su mayoría son los estratos más altos de la población.

Sin embargo, lo que se debe aclarar es por qué Ecopetrol recibía ingresos inferiores al precio internacional cuando el precio de venta al público en Colombia era mayor que en Estados Unidos. La respuesta es muy sencilla: por todos los impuestos que gravan los combustibles, que son ingresos para el Gobierno. De manera que el supuesto subsidio era tan solo el excedente que antes se apropiaba el Gobierno y decidió entregársela a Ecopetrol.

Pueden existir justificaciones económicas y políticas para imponer nuevos impuestos a los combustibles. Pero estos deben ser debatidos y aprobados en el Congreso, no por medio de una simple Resolución del Ministerio de Minas.