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Acaba de celebrarse en Bruselas un taller de diálogo entre la Comisión Europea y el Pnud titulado 'Estado y Fiscalidad en América Latina', cuya principal conclusión es que en dicha región, sus ricos, obviamente, tienen que pagar más impuestos. No obstante el período de alto crecimiento que acaba de vivir la zona, no se logró cambiar su triste realidad: el pecado de seguir siendo la región más desigual del planeta, continuando con un muy alto nivel de pobreza. Peor aún, un país como Colombia, aunque logró reducir en algo la proporción de pobres durante estos cuatro años de crecimiento promedio del 6 por ciento anual, elevó su nivel de concentración de ingresos hasta colocarse como un país de muy alta desigualdad; flaco privilegio que comparte con Brasil que, no obstante, muestra algunas mejoras.

¿Por qué nada cambia en esta parte del mundo?, es la pregunta repetida permanentemente y este taller, con expertos en el tema, concluyó lo obvio, pero probablemente con mayor énfasis y con menos excusas: los latinoamericanos, especialmente las personas ricas, no pagan los impuestos que deberían. El peso de los mismos sobre el PIB es del 17 por ciento, menos de la mitad de lo que pagan los europeos (40,1 por ciento), y solo Brasil y Uruguay tiene indicadores similares a los de los países de la Ocde (35,4 por ciento). Pero aún más grave: cada día, bajo el lema de la eficiencia, los impuestos regresivos como el IVA crecen frente a los progresivos, como el de la renta. O sea, la capacidad redistributiva de los impuestos en América Latina no solo es baja por su poco peso sino por su naturaleza. José Luis Machinea, ex secretario general de la Cepal, demostró esta realidad de manera cruda. Mientras en los países de la Ocde son las personas de mayores ingresos las que cargan con el peso de los impuestos, 73 por ciento o sea 9 por ciento del PIB y las sociedades lo hacen con el 27 por ciento, 3,4 por ciento del PIB, en América Latina es totalmente al revés: las personas latinoamericanas solo contribuyen con el 39 por ciento de los impuestos, 1,8 por ciento del PIB mientras los grandes contribuyentes son las sociedades.

Estas cargan con el 61 por ciento de los impuestos que representan el 2,8 por ciento del PIB. La relación entre sociedades y personas físicas es de 1,5 en América Latina mientras que en los países de la Ocde es de 0,4.

Pero como si este panorama ya no fuera bastante oscuro, el gasto social de la región tampoco ayuda suficientemente a reducir la vergüenza latinoamericana de ser tan injusta. Es innegable que se ha aumentado el gasto fiscal en este campo al pasar de representar el 12 por ciento del PIB entre 1990-1991 a 15,9 por ciento entre 2004-2005. Cuba sigue siendo el país con más avances en lo fiscal con el 28,7 por ciento. Le sigue Brasil con 22 por ciento y Colombia como siempre en la mitad con 13,4 por ciento. Algunos de estos gastos sí generan equidad, porque parte de estos son progresivos y favorecen mucho más el primer quintil de la población para quienes dicho gasto llega a representar el 51 por ciento de sus ingresos, mientras para el quintil solo es el 9 por ciento de sus ingresos. Sin duda, educación y salud y su universalización favorecen a los sectores más pobres. El problema es que persisten gastos regresivos como los subsidios a la educación terciaria, a las pensiones, a la gasolina y otros similares que ayudan más a los ricos. En el caso del gasto social, el problema es su nivel comparado con el gasto en la Unión Europea o los países de la Ocde. Por ejemplo, en los países de la Ocde el gasto alcanza el 31,4 por ciento del PIB, mientras en América Latina el promedio esta alrededor del 13 por ciento. Este gasto no cambia la realidad de salud y educación pobre para los menos favorecidos, y a esto se le suma que mucho dinero va a subsidiar a los más pudientes.

Estas diferencias justifican plenamente un análisis de Estado y fiscalidad, o sea impuestos y gasto público. Es al Estado al que le corresponde generar equidad. Es el Estado el que modifica la estructura de ingresos que genera el mercado. Lo público es lo público y lo privado es lo privado, como insiste Luis Carlos Valenzuela, y es al Estado a quien le corresponde generar bienestar y al sector privado, riqueza. La responsabilidad social de este último no es evadir impuestos y hacer escuelitas, sino cumplir con las leyes laborales, que poco hace y, sobre todo, pagar impuestos. Por ello, es fundamental comparar el efecto de impuestos y gasto social entre la Unión Europea, cuyas sociedades son más igualitarias, y América Latina, que se caracteriza por todo lo contrario: unos pequeños sectores que viven como los banqueros suizos antes de la crisis, muchos que parecen africanos pobres y una escasa clase media que se debate entre parecerse a los pobres para recibir subsidios o jugar a ser ricos endeudándose.
El gráfico lo dice todo. Antes de que el Estado intervenga con impuestos y gasto, la distribución del ingreso producto de la operación de los mercados es relativamente similar entre las dos regiones: un índice de Gini alto. Pero una vez interviene el Estado la diferencia es abrumadora. En el caso Europeo se logra una reducción de la concentración del ingreso de más de 15 puntos, mientras en América Latina pasa muy poco. La razón: Europa tiene una fiscalidad eficiente y América Latina una profundamente ineficiente. Lo importante es tratar de saber por qué. Un Estado capturado por las élites que no tienen compromiso social, unas instituciones ineficientes y una clara falta de voluntad política de los mandatarios que creen más en la popularidad de no poner impuestos que en el liderazgo de hacerlo, así en principio les cueste.
¿Será posible un Pacto Fiscal para cambiar esta realidad? Algunos creen, como Rebeca Gryspan, que no: los ricos no pagan impuestos, porque no necesitan del gasto social del Estado, ya que todo lo pueden comprar; las clases medias para qué pagan impuestos si solo reciben malos servicios y, finalmente, los pobres no pagan impuestos pero reciben subsidios. Desastrosa realidad que debe cambiar para asumir las siguientes recomendaciones de Machinea: combinar responsabilidad fiscal con estabilidad macroeconómica; elevar la calidad del gasto público; promover la equidad; dotar de mayor transparencia a la acción fiscal y favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática. Pero si el poder sigue en manos de los mismos nada cambiará.