Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

Por su parte, Invías afirma que situaciones técnicas y financieras conllevaron a mayores prórrogas de los contratos. También dice que los diseños se estimaron con parámetros contemplados en los procesos licitatorios.

El documento lo firman 14 asesores del despacho del procurador, Edgardo José Maya Villazón, a quien ya le enviaron las conclusiones el pasado 9 de diciembre. En el mismo se indica que el Instituto Nacional de Vías (Invías), contrató la construcción de las carreteras basándose en presupuestos y diseños temporales, pero advirtiendo que solamente se podría establecer el kilometraje a pavimentar con la aprobación de los diseños definitivos por parte del interventor, del consultor de gestión y del supervisor de la entidad.

"Como consecuencia, el kilometraje de pavimento que inicialmente se tenía previsto para ejecutar fue sustancialmente inferior a lo pactado en la casi totalidad de los contratos de obra", señalan los asesores.

Además, según el informe, "el valor de cada uno de los contratos se aumentó considerablemente, modificando la cantidad de kilómetros a pavimentar, la cual siempre fue inferior a la contratada inicialmente".

Aunque se trata de una iniciativa que el Gobierno nacional defiende a 'capa y espada', argumentando que provee acceso y conectividad entre los municipios más apartados de las vías principales del país, la ejecución de las obras se ha demorado más de lo previsto. Los plazos de los contratos se fijaron en 24 meses, dice el informe, pero en un 90 por ciento se modificaron mediante minuta suscrita por las partes, incrementándolos entre 6, 12 y 24 meses.

Luego de conocer un cuestionario que este diario hizo al director del Invías, Daniel García Arizabaleta, el coordinador del Plan 2.500, Napoleón Cabra Amado, respondió que situaciones técnicas conllevaron a mayores prórrogas en términos de tiempo. "Las ampliaciones en plazo obedecieron a circunstancias de carácter técnico, soportadas jurídica y financieramente, avaladas por la consultoría de apoyo a la gestión, la interventoría y el supervisor del Instituto Nacional de Vías para tales efectos", dice.

En lo que concierne a la contratación basada en presupuestos y diseños temporales, el funcionario indica que mediante contrato 1006 del 2004, el Invías contrató a la Pontificia Universidad Javeriana con el fin de efectuar la asistencia para la preparación de los documentos de soporte técnico relacionados con la estructuración y la ejecución de los proyectos.

De esa manera se aproximaron los diseños y se estimaron los presupuestos de obra para los proyectos del programa, parámetros con los cuales se realizaron los respectivos procesos licitatorios. "Los pliegos de condiciones fueron estructurados para que el contratista realizara la etapa de estudios y diseños, y una vez se cuente con los estudios y diseños aprobados por la interventoría, para cada tramo se definirá el alcance y el orden de las obras a realizar", agrega.

Otra de las conclusiones del informe de la Procuraduría hace referencia a que en un 80 por ciento los contratos del Plan 2.500 no se encontraban las actas definitivas de entrega y recibo de la obra, ni las actas de liquidación del contrato. "Ante el apremio de los funcionarios de la comisión de la Procuraduría, se fue agilizando la entrega de las actas de obra", dicen los asesores en la comunicación que enviaron a Maya Villazón.

Proyección del Gobierno es al 2010

La meta de Invías es tener los 3.159 kilómetros pavimentados en el 2010.

A mediados de agosto el director del este instituto indicó que la priorización y selección de las vías a intervenir en ese programa fue realizada conjuntamente entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los entes territoriales y representantes de las regiones. Además se tuvieron en cuenta las audiencias públicas, siguiendo los parámetros establecidos en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3311 del 2004.

Uno de los aspectos que, desde que se inició el programa, fue cuestionado es la manera como se ha hecho la contratación de las obras, pues la adjudicación se basa en la propuesta que contenga el precio más bajo. Ante las críticas, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, ha salido a la defensa de la gestión del equipo del Gobierno que se encarga de la estructuración de los proyectos de infraestructura vial. "Nosotros tenemos los mayores especialistas trabajando, tanto en el área financiera como en la jurídica", dijo.

RICARDO SANTAMARÍA DAZA
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS