Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

¿La razón? Pese a que el Gobierno dice que las entidades financieras están 'obligadas' a desembolsar préstamos a esas personas, la verdad es que no habría sustento jurídico para que esa medida se aplique.

Expertos en derecho financiero dicen que esa supuesta obligatoriedad es inconstitucional porque en Colombia rige el principio de la libre empresa y este no puede ser violado por un decreto presidencial, así su objetivo sea ayudar a personas que lo perdieron todo en una crisis como la de las pirámides.

Otros dicen que con ese mismo argumento, el Gobierno podría obligar -y con mayor razón- a los bancos a darles crédito a los colombianos afectados por el invierno.

Para algunos juristas es claro que la Corte Constitucional maneja una jurisprudencia de "libertad negativa de contratación", que es básicamente el derecho de una persona natural o jurídica de negarse a contratar un negocio u operación con quien no considere apto para hacerlo.

Este tema tuvo relación directa con la aparición de la Lista Clinton, cuando los bancos se negaron a abrir cuentas a las personas vinculadas al narcotráfico.

La advertencia de los expertos contradice las afirmaciones del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, según las cuales los bancos están obligados a otorgar créditos a los afectados por la quiebra de los captadores piratas, la cual dejó miles de afectados en varias regiones del país.

"Los créditos son obligatorios porque la Nación asume el riesgo crediticio. El banco no tiene por qué decir que no", dijo el domingo pasado Edmundo del Castillo a El Tiempo.

Ante esa afirmación, los expertos advierten que el hecho de desembolsar préstamos a los golpeados por los captadores piratas es una decisión autónoma de cada banco pues, al fin y al cabo, están poniendo en riesgo el dinero de los ahorradores.

El ex director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), Andrés Flórez, sostiene que el Estado no puede aplicar la obligatoriedad de otorgar préstamos porque sería una norma inconstitucional al atentar contra la libertad de empresa.

"Además es inconveniente porque genera riesgo en el sector financiero, teniendo en cuenta que los bancos solo deben prestarles a quienes sean sujetos de crédito y con capacidad de pago", dice Flórez.

El ex superintendente financiero Augusto Acosta también llamó la atención por el tema del riesgo.

"Siempre que se ha obligado a alguien a colocar crédito eso termina siendo un préstamo perdido. Desde el punto de vista del riesgo no es sano para el sistema financiero".

Apoyo a sectores, no a personas

El ex director de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, José Miguel Calderón, señala que han existido normas con el fin de destinar recursos a un sector concreto de la economía a cambio de no realizar inversiones forzosas en títulos específicos y con baja rentabilidad, pero no se ha hecho para personas determinadas como lo plantea el Gobierno.