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Para ello, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico invertirá 1.235 millones de pesos en obras de infraestructura y mantenimiento.

Incluso, la entidad pretende que sean instalados cajeros automáticos y datáfonos para que los visitantes tengan mayor comodidad a la hora de realizar sus compras.

Además, los comerciantes deberán ponerse al día con sus obligaciones por concepto del uso de los puestos, locales o bodegas antes del 31 de marzo, ya sea cancelando sus deudas o suscribiendo acuerdos de pago.

De hecho, 11 de las 17 plazas que ha recibido el Instituto Para la Economía Social (Ipes) -aún falta la Concordia y la de Samper Mendoza- adeudan dos mil millones de pesos por servicios públicos.

Otro de los anuncios importantes para este año es que los cerca de tres mil comerciantes que tienen cabida en las plazas de mercado deberán firmar contratos de uso y aprovechamiento de estos espacios comerciales a lo largo del año, con el fin de normalizar su presencia en dichos bienes de uso público.

Frente a estos anuncios, Hugo Rojas, presidente de la Asociación de Plazas de Mercado de Bogotá (Asoplazas), se declaró a la expectativa.

Según Rojas, el pasado 16 de diciembre, en una reunión con Fenalco, Ipes y Asoplazas, se constituyó una agenda en la que quedaron consignadas las principales peticiones de los pequeños comerciantes.

Por ejemplo, que los contratos que se suscriban con el Instituto Para la Economía Social sean por 10 años y no por un año, que se mantenga la administración de los baños públicos en cabeza de los comerciantes y que se utilicen los cerca de 427 locales desocupados en las plazas en la reubicación de vendedores informales.

Poca inversión

En un debate realizado esta semana en el Concejo de Bogotá, el concejal Carlos Baena (Mira) afirmó que le preocupa un estudio de la Universidad Nacional que determina que para poder adecuar las instalaciones actuales de las plazas a las normas técnicas y de salubridad, deberán invertirse aproximadamente 77 mil millones de pesos.

Esta suma coincide con una auditoría contratada por el Ipes, que fija en cerca de 80 mil millones de pesos las inversiones a realizar.

"Hoy, es evidente el deterioro y la falta de condiciones de sismo resistencia que tienen en riesgo estas edificaciones, que fueron construidas en su gran mayoría hace más de 50 años", explicó Baena.