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Además, está pendiente una explicación acerca de las observaciones de la Procuraduría General al denominado Plan 2.500.

La lluvia de críticas a esta entidad, cuyo presupuesto del 2009 es de 2,5 billones de pesos, proviene de distintos frentes. De una parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) considera que el proceso que adelanta la Procuraduría al director de la entidad, Daniel García, implica, además de una responsabilidad ética, un mensaje equivocado a los inversionistas. "Mientras él no tenga una sanción confirmada entendemos que no está inhabilitado jurídicamente. Nos preocupa la señal al mercado. Esa circunstancia, sumada al contrato del túnel de La Línea, un mes después de adjudicado, es una señal negativa", afirma el presidente de la Cámara, Juan Martín Caicedo.

El gremio también advirtió de un 'lunar' que podría afectar los planes del Gobierno en materia de infraestructura, sector sobre el cual cayó parte de la responsabilidad para minimizar el impacto de la coyuntura económica internacional. Señala que la información que está entregando el Invías a las empresas interesadas en contratar las obras de los Corredores Arteriales de Competitividad, no es suficiente como para delimitar los reales alcances de cada contrato. Cualquier imprevisto que se presente repercutirá en temas económicos y en ese sentido la responsabilidad sería del Estado por no dar la información completa, indica.

"El punto crítico que observa la Cámara es que parte de esa licitación está mal planteada", dice el directivo.

Agrega que en un afán por sacar adelante la adjudicación (en este caso las obras deberán comenzar en el segundo semestre), se pueden cometer errores. "Esos proyectos, con la angustia por empujar las inversiones, tienen el riesgo de terminar estructurados a medias o con procesos licitatorios cuyos niveles son muy precarios en estudios. La Cámara insiste en hacer obras, ojalá lo más pronto, pero bien" afirma.

Pone de ejemplo lo que se viene haciendo con el proyecto Ruta del Sol, cuya estructuración está siendo acompañada por la Corporación Financiera Internacional. Los avances en materia de estudios y diseños están adelantados y se prevé que facilitarán la participación de los inversionistas. "Ningún fondo de pensiones o ningún inversionista institucional se acerca a proyectos que no están bien estructurados. Por esa razón el Gobierno tiene que ser capaz de salir de ese círculo vicioso", puntualiza Caicedo.

En este mismo sentido se pronunció el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner. Para él es muy importante el impulso a las obras de infraestructura para reanimar la economía, pero teme sobre la capacidad de ejecución en esta clase de proyectos y que los recursos terminen invertidos en programas 'efectistas' de corto plazo.

Otro de los temas cuestionados por el sector privado tiene que ver con la contratación de las obras del túnel de La Línea. El representante legal de la firma Opeinvías Ltda., Juan Claudio Morales, envió una petición al director del Instituto para que reasuma sus funciones en lo relacionado con la firma del contrato del proyecto.

"El director del Invías no tenía ninguna autorización para delegar la firma del contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario, ni mucho menos para aprobar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil contractual. En consecuencia, él debe revocar esa autorización", sostiene Morales al hacer una explicación del contenido de la carta que envió al Instituto, con copia a la Contraloría y la Procuraduría.

"No podemos explicarnos, cómo el director Nacional del Invías (...) informa que habiéndose cumplido y confirmado con rigor que las pólizas cumplen con los requisitos legales y contractuales, esta entidad procedió en la fecha a impartir su aprobación, cuando fueron aprobadas por Juan Gabriel Berón Zea, secretario General Técnico", dice la misiva.

Invías rechaza cuestionamientos al contrato de La Línea

En un comunicado, la Asesoría Jurídica del Invías rechaza las afirmaciones en cuanto a la suscripción del contrato del túnel de La Línea. Agrega que el contrato fue suscrito por el Secretario General Técnico de la entidad, facultado para ello mediante dos resoluciones expedidas de conformidad con el artículo 12 de la ley 80 de 1993, que permite a los jefes y representantes legales de las entidades delegar la celebración de contratos y la realización de licitaciones. "En relación con los reaseguros que respaldan las pólizas del contrato, la entidad adelantó todos los trámites necesarios para asegurar al país la protección de las obras objeto de esta contratación y realizó adicionalmente visitas de revisión de los reaseguros a la Compañía de Seguros Cóndor S.A., que expidió dichas pólizas, dejando constancia en acta de la idoneidad del reaseguro", señala el comunicado del Invías.

Al respecto, la dirección General del Invías solicitó a la Contraloría General de la República una visita especial con el fin de verificar la idoneidad del procedimiento aplicado para la aprobación de las pólizas.

RICARDO SANTAMARÍA DAZA
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS