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Esta fue una de las razones que argumentó el Gobierno en la carta que envió al Congreso objetando y devolviendo la iniciativa, cuya autora fue la senadora Alexandra Moreno Piraquive, y en la que además esgrime razones de inconstitucionalidad.

En la misiva, el Gobierno señala que la iniciativa es inconveniente porque afecta el recaudo tributario "en momentos en que las metas de recaudo para la vigencia de 2009 exigen de esfuerzos muy importantes por parte del Gobierno Nacional, en razón de la coyuntura económica, a efectos de lograr el financiamiento de los gastos que corresponde asumir de conformidad con la ley de presupuesto para la vigencia correspondiente".

Igualmente, señala que el proyecto aprobado por el Congreso en octubre, no solo aumenta el número de poblaciones, pues ahora se incluye a Manizales, sino que también a los beneficiarios.

Pero dentro de los argumentos del Gobierno también se establecen razones de inconstitucionalidad. Para empezar, argumenta que ya no existen las razones iniciales que dieron lugar en su momento a la Ley Quimbaya, y que se resumen en la necesidad de incentivar la inversión en la zona afectada por el terremoto.

"Situación coyuntural que exige que los beneficios conferidos cuenten con claros límites temporales y espaciales propios. La falta o la laxitud de estos límites implica la incapacidad de lograr el estímulo que el incentivo tributario pretende, al volverse en la práctica una medida de carácter permanente o la configuración del incentivo como un privilegio odioso y de difícil justificación".

También recuerda que como se trata de una exención tributaria, es el Gobierno el que tiene la potestad de proponer este tipo de iniciativas.

Cabe recordar que durante el trámite del mismo, el Ministerio de Hacienda manifestó su oposición a la iniciativa y hasta planteó que era mejor que se pensara en promover una zona franca.