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"Los problemas para mí empiezan ahora. Se van a seguir muriendo. No tengo ningún potrero con pasto. No sé hasta dónde podremos aguantar. Se puede llegar a la quiebra", se lamenta Carlos Abel Mastronardi, de 53 años, quien perdió ocho vacas en pocas semanas debido a la peor sequía que afecta a Argentina en 47 años.

La falta de lluvias también ha hecho mella en la producción de cereales. De acuerdo con las últimas estimaciones de la Secretaría de Agricultura, durante la campaña 2008/2009 la cosecha de trigo caerá un 44 por ciento y la de maíz un 27 por ciento.

La de soya, en tanto, subirá un 7 por ciento luego de crecer un 10 por ciento anual en promedio desde el 2003.

"Nunca había visto semejante sequía. Sí había visto algunas, pasajeras, pero que duren un año entero, nunca", explica el ganadero Pedro Gallarraga, dueño de una hacienda en la región de Benito Juárez, al explicar el inclemente fenómeno climático.

Las soluciones

Debido a la magnitud del problema, el Gobierno de Cristina Fernández decidió decretar el lunes pasado la emergencia agropecuaria nacional, que permite la prórroga por un año del pago de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales de los productores afectados por la sequía.

De acuerdo con el Gobierno argentino esta medida supondrá un costo fiscal de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos.

Fernández, quien estuvo asediada el año pasado por el paro agrario debido a los impuestos a las exportaciones indicó sobre la medida: "el Gobierno deja de percibir nuevos recursos. Todo el resto sigue tributando y por lo tanto es un esfuerzo muy grande de toda la sociedad argentina por los productores afectados".

Los productores de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero se podrán beneficiar de la prórroga.

No obstante, el Gobierno señaló que será muy estricto a la hora de conceder los beneficios, ya que para las autoridades muchos de los 97.000 productores que hay en el país cuentan con seguros que menguarán sus pérdidas.

A pesar del anuncio, los agricultores argentinos no son optimistas. "No hay nada extraordinario. La presidenta no hizo más que cumplir con lo que establece la ley en referencia a la emergencia.

Lo que está en riesgo es mucho más que una cosecha: hay desolación e incertidumbre", dijo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria.