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A pesar de los tropiezos, de las acusaciones del Gobierno sobre el excesivo show montado por algunos de los protagonistas, de los señalamientos contra las Fuerzas Armadas por los sobrevuelos en la zona de las operaciones, de la decisión del presidente Álvaro Uribe de retirar la autorización a Piedad Córdoba, y del reversazo, horas después, de esa decisión, la realidad es que el proceso de liberación unilateral de secuestrados por parte de las Farc arrancó este fin de semana con el regreso a sus casas de cuatro uniformados de la Policía y del Ejército, y con el anuncio de la vuelta a la libertad del dirigente del Meta, Alan Jara, y de otros cautivos. Ojalá estos procedimientos se repitan y muy pronto queden en libertad todos y cada uno de los secuestrados, no sólo los miembros de la Fuerza Pública o los dirigentes políticos. Ese deseo es extensivo a los plagiados por razones extorsivas, que se cuentan por centenares.

El secuestro es una práctica abominable, un acto vil y cobarde y, por demás, un delito de lesa humanidad de esos que cada día las sociedades civilizadas se niegan con más vehemencia a indultar o perdonar. Que las Farc y otros grupos delincuenciales dejaran de practicarlo sería un enorme éxito para Colombia. Pero como no parece pronto el momento en que los grupos al margen de la ley abandonen esa actividad, es importante que los organismos de seguridad sigan mejorando sus técnicas de prevención, lo mismo que su capacidad de rescate para aquellos casos en que las familias de los secuestrados así lo autoricen, y las condiciones lo aconsejen. En cuanto a lo primero, es frecuente ahora que, cuando se produce una retención masiva, la Fuerza Pública reaccione de inmediato y presione al grupo armado, consiguiendo en muchos casos que deje en libertad a los recién cautivos. También ha habido importantes resultados en materia de rescates, con casos mundialmente famosos como la 'Operación Jaque', que tuvo además la enorme virtud de que fue llevada a cabo sin disparar un solo tiro.

No hay duda de que las autoridades han aprendido mucho en el combate de este flagelo. De hecho, hace un par de semanas, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, reveló una significativa reducción de los indicadores de este crimen. Según las cifras de la Policía, en el 2008 hubo 421 secuestros, frente a más de 3.800 en el 2001. Esta favorable evolución permitió que Colombia, que por décadas lideró en el mundo la triste clasificación de países con más secuestros, descendiese en el 2007 al noveno lugar, por debajo de México, que con más de 7.000 secuestros encabeza la lista, de Brasil que es quinto con 6.000, de Ecuador, séptimo, y de Venezuela, octavo. Las cifras no son de los gobiernos, sino de la ONG Pax Christi, que en varias ocasiones ha sido crítica de la política de seguridad de Uribe. Y por eso, estos indicadores tienen tanto valor.

Aunque 421 secuestros es aún una cifra muy alta, se trata sin duda de una evolución muy positiva. No encabezar ya esa dramática lista y ver caer el número de secuestros año a año es enormemente esperanzador. No sólo para la tranquilidad de los colombianos. También y mucho para la inversión extranjera. No hay que olvidar que durante años, Colombia fue tachada del mapa como destino de la inversión en el mundo, debido entre otras cosas a su altísima tasa de secuestros. Y esto muy en especial, porque muchas de esas retenciones criminales afectaron a ciudadanos foráneos que habían venido a Colombia a trabajar con compañías multinacionales. Países como Japón, prácticamente metieron al congelador cualquier proyecto de inversión en el territorio nacional, debido a que el secuestro golpeó a uno de sus ciudadanos.

En medio de la crisis mundial, que este año y seguramente durante el 2010 también, recortará los flujos de capital extranjero a las economías emergentes que, como la nuestra, lo necesitan para sostener sus recientes años de crecimiento, estas cifras resultan muy importantes. El hecho de que el país pueda mostrar que, aunque la enfermedad no ha desaparecido, la tendencia del paciente es definitivamente favorable, puede marcar la diferencia a la hora en que alguna compañía extranjera escoja dónde colocar sus cada días más preciosos recursos, en el convulsionado vecindario latinoamericano.