Mucha tinta ha corrido para tratar de señalar a los responsables de la crisis financiera que tiene sumido al mundo entero. Parece que una de las principales causas tiene que ver con el vacío regulatorio en Estados Unidos, pero, ante los hechos, es inevitable preguntarse cuál ha sido el papel de los auditores externos de las empresas fracasadas.
Los primeros blancos de las indagaciones de la prensa han sido las compañías certificadoras de riesgos y los directivos de las entidades quebradas, estos últimos, además, por el generoso tratamiento que recibieron como premio a sus gestiones.
Refiriéndose a ellos, El País de Madrid describió de manera muy gráfica la situación: "Si el barco se hunde, son los primeros en coger el salvavidas, un salvavidas de oro". En efecto, se afirma que las cinco mayores firmas financieras de Wall Street pagaron durante el último lustro más de tres mil millones de dólares a sus principales ejecutivos, de manera que quienes tuvieron que salir con motivo de las quiebras lo hicieron por la puerta de atrás, pero no precisamente con las alforjas vacías. Para citar sólo un caso, el responsable de la desaparición del banco de inversión más antiguo de Estados Unidos ganaba 17.000 dólares la hora.
A este respecto es oportuno recordar, que en enero del 2002, a raíz del escándalo de Enron y los que le siguieron, el Congreso de esa nación expidió la llamada Ley Sarbanes Oxley, "para proteger a los inversionistas, mejorando la exactitud y la confiabilidad de las informaciones reveladas por las empresas sujetas a las leyes de valores....". Con ese propósito creó el Comité de Vigilancia de la Contabilidad de las Compañías Registradas en el Mercado de Valores, cuya misión consiste en supervisar la auditoría de las compañías vigiladas, para proteger el interés de los inversionistas y además el interés público, de que los informes de los auditores sean explícitos, fieles e independientes; es evidente que de haberse logrado tales objetivos, la crisis no habría alcanzado las proporciones que estamos viendo.
A pesar de que la auditoría externa no está dirigida de manera primordial a la detección de fraudes, uno de sus principales objetivos consiste en verificar y certificar que los activos que figuran en los balances son reales, y que su valor está razonablemente estimado y representado. Si bien es cierto la tarea se ha complicado con la proliferación de productos financieros complejos, todo indica que los auditores de las compañías quebradas, incluyendo las del señor Madoff, no realizaron un trabajo eficiente para cerciorarse de estos hechos; tampoco lo hicieron los de la gigante india Satyam, cuyo presidente admitió recientemente que la contabilidad fue falseada durante varios años y que a través de la supuesta adquisición de dos empresas estaba haciendo un último intento para sustituir activos imaginarios por activos reales. Bienes muy valiosos, que figuraban en la contabilidad de Enron y en las demás compañías envueltas en esos escándalos, resultaron tan imaginarios como las hipotecas basura, pero ni unos ni otros fueron sustituidos por bienes reales, aparentemente con la bendición de los auditores.
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