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 La temática afrocolombiana e indígena no se circunscribe al debate sobre la tierra. Este encierra contradicciones y límites.
Si sólo de cifras y leyes se trata, Colombia no lo ha hecho mal. La Constitución de 1991 retoma la Ley 89/1889 y declara "inalienables, imprescriptibles e inembargables" las tierras comunales de "grupos étnicos y resguardos". Desde mediados de los 90, el antiguo Incora había ampliado los resguardos indígenas hasta unos 312.000 km2 o sea 27,4% del territorio nacional. Al constituir la población indígena un 3,4% de la nación, según el Censo de 2005, se trata de un 'récord' mundial. Por mandato de la Ley 70/1993 también se han delimitado tierras comunales a favor de la población negra.

Sin embargo, un tercio de la población indígena vive fuera de los resguardos y las ¿ del territorio que cubren están ubicadas en Amazonia y Orinoquia, en donde tan solo mora el 5%. El problema de repartición del suelo se torna agudo en un contexto de competencia por la tierra con comunidades campesinas negras y blancomestizas, como en el Cauca. De la cosmovisión indígena forman parte la comunidad, sus antepasados, su entorno natural, sus creencias y los nexos armónicos entre unos y otros. De allí que no sean fungibles tierras 'históricas' con otras ajenas a la tradición indígena.

El uso de la tierra trae otra dificultad. Al comparar la dotación de tierra indígena y no indígena, rara vez se excluyen los cascos urbanos. Amazonia y Orinoquia son espacios con vocación forestal antes que agropecuaria. Estas circunstancias importan o no, dependiendo del grupo y lugar. Siempre hubo comunidades indígenas 'precapitalistas', pero muchas otras anteponen la 'armonía de vivir' al desarrollo económico, lo cual relativiza el destino de la tierra. Importa distinguir la tierra como bien productivo, bien cultural (cosmovisión) y bien público: el equilibrio indígena y de muchas comunidades negras con su entorno ayuda a preservar el medio ambiente en beneficio de toda Colombia.

También precisa sanar las secuelas del conflicto, expulsando del espacio indígena y afrocolombiano a los testaferros de los 'señores de la guerra' que allí se implantaron y propiciando el regreso a sus tierras, con acompañamiento del Estado, de los muchos desplazados 'étnicos'.

La educación superior es la vía acostumbrada hacia el empoderamiento político, económico y social. El de los 'afros' e indígenas se impone, tratándose de comunidades marginadas por la historia, el despojo, la explotación y el racismo, duramente golpeadas por el conflicto interno y casi siempre ubicadas en la base de la pirámide social regional o nacional. Según datos de Usaid, apenas el 5% de los afrocolombianos accede a la universidad, frente a 31-34% para el conjunto de la población, y sólo se gradúa el 2%.

El país carece de políticas de 'acción afirmativa' y 'relevancia étnica' en la educación superior para compensar la discriminación pasada y presente contra ambas comunidades y facilitar el acceso de sus jóvenes a buenos centros docentes, oportunidades de trabajo remunerador y puestos de mando en el sector público y privado. Las medidas preferentes en vigor atañen más a los indígenas que a los afros y a los aspectos cultural, administrativo, político y de tierras que al educativo.

La Constitución Política reconoce y protege la diversidad étnica, confiere carácter oficial a las lenguas étnicas en sus territorios y allí dispone educación bilingüe y formación acorde con su identidad cultural. Estas disposiciones sólo se han implementado en la educación básica, no la superior. Para indígenas, la Constitución también establece funciones jurisdiccionales en el ámbito territorial y dos escaños senatoriales con circunscripción nacional. El Congreso de la República aprobó posteriormente una figura análoga para afrocolombianos en la Cámara. Para éstos, la Ley 70 retoma la figura de propiedad colectiva étnica con protección especial.

El mantener una entidad política y cultural propia y acceder con más facilidad al poder legislativo desde luego empodera. Con todo, faltan apoyos y un 'mapa de ruta' para alcanzar una capacidad decisoria relevante, individual o compartida, en competencia con muchos jóvenes colombianos menos desfavorecidos. Hay recursos para educación preescolar y básica o para estudiar en el exterior mas no, salvo excepción, para educación superior en Colombia. Sin embargo, las becas en el exterior son costosas y limitadas en número, corren el peligro de desarraigar a los becados y tampoco dan acceso, por lo general, al 'empoderamiento' propuesto.

El Rector de Lovaina la Antigua comentaba en 1991 que la universidad flamenca abría ampliamente sus programas de posgrado, con becas, a los estudiantes del Tercer Mundo. No lo hacía, en cambio, con los de pregrado a fin de evitar el previsible desarraigo de tantos jóvenes que, tras recibir el grado, optaban por quedarse en Bélgica en vez de volver a sus países y trasladarles el beneficio de su formación. La tentación material era demasiada y, el 'anclaje' con sus comunidades de origen, insuficiente.

Ojalá el mismo criterio guiara a los aportantes internacionales de cooperación universitaria. Sin embargo, a menudo prevalece el entendible interés del país donante en 'compartir' sus logros científicos y tecnológicos y su lengua, tradición y cultura. La 'inmersión total' en el exterior, esquema efectivo para tal fin, también es el que más desarraiga. Es estimable el desarrollo personal de muchos profesionales colombianos en el exterior, así formados y becados, pero su beneficio para el país no deja de ser muy indirecto.

El desarraigo es más inconveniente aún para jóvenes indígenas y afrocolombianos. Sería dramático que la cooperación a favor de estos estudiantes, incluidos los créditos educativos de Icetex, sirviera para incrementar la 'fuga de cerebros' indígenas y afrocolombianos sin beneficiar a sus comunidades.

Constituyen excepción a este 'patrón': el fondo de crédito educativo y becas para estudiantes afrocolombianos e indígenas de la Universidad Javeriana; la 'Cátedra Viva Intercultural' en la del Rosario; las becas Martin Luther King-MLK para afrocolombianos en Bogotá, Cali, Medellín y Quibdó, administradas por Usaid y tendientes a mejorar su inglés (en sendos centros colombo-americanos) y su acceso a 12 universidades criollas; las de posgrado administradas por Fulbright Colombia e Icetex para ambas comunidades, con previa educación de pregrado y (a veces) aval esperado de la respectiva universidad local; y el programa de Becas Indígenas y Afrolatinas-Ials del BID, administradas por Georgetown University, para que jóvenes andinos de ambos grupos accedan a la educación superior en Santa Marta (Universidad Sergio Arboleda) y otros lugares.

También resalta el notable 'Proyecto de Filiales Francófonas', cuyos estudiantes podrán recibir 'doble titulación' (grado de su universidad y una institución francesa) en 10 universidades de Bogotá y Medellín en el 2009 y, en una etapa posterior, otras de Cali y Bucaramanga. La cooperación francesa enfatiza el criterio de 'diversidad cultural' ante las universidades participantes, empezando con quienes ya hayan demostrado su compromiso 'étnico' por medio de otros programas como MKL.

Conviene armar un marco interinstitucional en donde las ONG, empresas nacionales y extranjeras, cooperación internacional y Estado apoyen programas formativos de posgrado en el exterior y condicionen su apoyo al debido 'anclaje' universitario y comunitario previo. Este marco motivaría: a) al estudiante, a asumir su compromiso comunitario y académico; b) al donante potencial, a respaldar al estudiante o su universidad; y c) a esta última, a establecer procedimientos o criterios de admisión con enfoque de 'acción afirmativa', programas curriculares étnicamente pertinentes y metas medibles de su contribución a la educación superior afroindígena.