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La junta directiva de Ecopetrol que está citada para mañana tiene en su orden del día temas fundamentales, incluyendo la aprobación del estado de resultados del 2008 que será presentado a la Asamblea de Accionistas en unas pocas semanas. Pero no menos importante es un asunto que seguramente será mencionado de manera informal, como es el futuro de la Refinería de Cartagena, sobre cuyo desarrollo han surgido diferencias entre la empresa colombiana y Glencore, la firma multinacional que posee el 51 por ciento de las acciones del proyecto. El asunto ha estado sobre el tapete desde hace varias semanas e incluso durante su reciente visita a la población suiza de Davos, el presidente Álvaro Uribe le pidió a los directivos de la sociedad extranjera que comenzaran las obras cuanto antes.

La razón es que Glencore ha expresado reservas sobre la conveniencia de empezar ya, ante el complejo clima internacional que afecta a los mercados de materias primas. Según lo dicho, el momento actual no es el más indicado para salir a conseguir créditos dado el costo de la iniciativa, calculado en más de 4.000 millones de dólares. En consecuencia, la firma europea aconseja adoptar un ritmo moderado, mientras se aclara el panorama.

Por cuenta del impasse hay dudas sobre lo que puede pasar con la expansión industrial más importante en la historia reciente del país. Y es que la ampliación de la refinería le permitiría a Colombia no solo ser autosuficiente en el consumo de gasolina, sino colocar un eslabón clave para el desarrollo de la cadena petroquímica. De hecho, parte de la justificación del precio que pagó Ecopetrol por Propilco hace unos meses tiene relación con este tema. Eso sin hablar del impacto que tendría la generación de hasta 5.000 empleos en Cartagena, en momentos en los cuales tanto la economía nacional como la regional han perdido vigor.

El lío es que desenredar la madeja no es tan fácil. Para comenzar, es indudable que Glencore llegó al proyecto después de ganarle en buena lid a sus competidores y ofrecer 630 millones de dólares para capitalizar la refinería, lo cual hizo en su momento. Por otro lado, no hay un compromiso fijo de entrega de las obras, sino de tener disponible un volumen de combustible que satisfaga las especificaciones requeridas a partir de una fecha. Como si lo anterior no fuera poco, la multinacional alega que mientras ha cumplido con sus obligaciones, el Gobierno se ha demorado en girarle las sumas que le adeuda por cuenta del subsidio a la gasolina, cuya factura se disparó durante el 2008.

Así las cosas, es indudable que un arreglo a las buenas sería la solución ideal, tal como sucede cuando dos socios no están de acuerdo. La motivación de fondo es que mientras las prioridades de Ecopetrol tienen que ver con expandir su portafolio de productos, las de la firma suiza se enmarcan dentro de realidades internacionales que aconsejan evitar riesgos. No se necesita ser un experto en el tema para darse cuenta de que la suerte de las compañías mineras ha cambiado de manera radical de la mano del desplome en las cotizaciones y, que viene un periodo árido en el cual sólo sobrevivirán quienes jueguen bien su mano.

Así lo demostró precisamente Glencore hace unos días, cuando anunció que le había vendido a Xstrata sus acciones en Prodeco, la tercera productora de carbón más importante del país. Hasta ahí la operación no tendría nada de raro, de no ser porque Glencore es dueña del 35 por ciento de Xstrata y necesitaba el dinero para poder capitalizar a la empresa, que necesita disminuir su nivel de endeudamiento. La estrategia creó cierta conmoción en la bolsa de Londres, aunque a finales de la semana era vista como un buen negocio gracias a los números positivos de Prodeco.

Sin embargo, más allá de esos pormenores lo ocurrido demuestra que Ecopetrol podría llegar a un arreglo con su socio extranjero si éste necesita dinero, y encargarse de desarrollar sola la refinería. Incluso, a la luz de la debacle mundial quizás este sería el momento indicado para comprar los equipos necesarios muy por debajo del costo estimado hace unos meses. La pregunta, por supuesto, es si será posible llegar a un acuerdo razonable y destrabar una iniciativa que sigue siendo justificable para Colombia.