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Con esta decisión, explicó la ministra María del Rosario Guerra, se busca "promover la competencia en el mercado de voz celular", donde se detectaron desequilibrios que afectan tanto a las demás compañías como a los usuarios del servicio.

Antes de adoptar la medida sobre Comcel, la CRT declaró a esta empresa -propiedad del magnate Carlos Slim- como operador dominante del mercado celular.

Por cuenta de lo anterior, y una vez quede en firme la resolución de la CRT, la firma mexicana deberá acogerse a un conjunto de reglas tarifarias que conducirán, en cuestión de días, a un descenso en el precio de las llamadas a otras redes.

El objetivo fundamental de las nuevas condiciones tarifarias es reducir la diferencia en el monto que Comcel cobra por una llamada entre dos de sus clientes (on net), y el que factura cuando la comunicación se origina en su red y termina en el teléfono de un competidor (off net).

De no acatar lo ordenado por el Gobierno, la compañía de Slim se expone no solo a sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sino a la cancelación de su licencia de operación por parte del Ministerio de Comunicaciones.

Además de lo estipulado en torno de las tarifas, el Ejecutivo le impuso a Comcel la obligación de poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones móviles una oferta mayorista de comunicaciones que les permita desarrollar servicios como banca móvil vía celular.

Consultada sobre las medidas adoptadas, la empresa no hizo comentarios y señaló que aún no ha sido notificada sobre el particular.