Últimas Noticias de Economía y Negocios de Colombia y el Mundo

Esas recomendaciones le fueron hechas el pasado martes al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, varios expertos convocados por el funcionario para examinar la situación económica y su impacto negativo en el mercado laboral.

Varios de los asistentes al despacho ministerial "Ellos dijeron que no se trata solo de los nueve puntos de los parafiscales para el Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las cajas de compensación, sino también de los otros aportes que deben hacer los empresarios", comentó Palacio.

Entre otras, esas contribuciones son las que deben hacer para salud (EPS), pensiones (AFP e ISS) y que se calculan sobre el salario devengado por cada empleado.

A la cita del martes acudieron, entre otros, el ex gerente del Banco de la República Miguel Urrutia, el ex ministro de Hacienda y actual investigador de Fedesarrollo Guillermo Perry, los investigadores Stefano Farné (Universidad Externado) y Hugo López (gerente del Emisor en Medellín), el codirector del Banco Fernando Tenjo, el director adjunto de Fedesarrollo, Mauricio Santamaría, y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Carolina Rentería, aunque no necesariamente las propuestas de este grupo de expertos fueron plenamente coincidentes.

El Gobierno no puede estar cerrado a ninguna discusión, les dijo Palacio el jueves a los asistentes al foro convocado por Asocajas sobre el Sistema de subsidio familiar como agente de la protección social en época de retos económicos, aunque señaló que es necesario mantener los programas sociales de las cajas, el Sena y el Icbf, mas aún en momentos de crisis.

Al rechazar la propuesta de eliminar los aportes parafiscales, el presidente de Asocajas (gremio de las cajas de compensación), Álvaro José Cobo, expresó que no se trata de repartir la pobreza desprotegiendo a los trabajadores que hoy gozan de ese amparo sino de llevar a los desprotegidos hacia la protección social.

Los aportes parafiscales han estado en la mira de diferentes observadores desde hace varios años, pero el mismo Gobierno ha descartado su desmonte pues, argumenta, no hay fuentes de financiación para los programas sociales que desarrollan las tres entidades.