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La inquietud ahora es si sucederá lo mismo en los trabajos parlamentarios que se inician. Por un lado, es alentador que el propio presidente del Senado, el conservador Hernán Andrade, haya convocado un ambicioso foro, con invitados de alto nivel del país y del exterior, para analizar las consecuencias que la situación mundial puede acarrearle a Colombia. Consecuencias que ya se vienen sintiendo, con una caída en la producción industrial y una disparada del desempleo a niveles muy inquietantes. Lo deseable es que, del debate que se dé en el Capitolio, los parlamentarios saquen valiosas conclusiones y evalúen, si es del caso, la posibilidad de plantear iniciativas legislativas que apunten a atender y, si posible, a mitigar, algunos de los más graves efectos del coletazo anunciado.

Esa actitud, si ocurre, contrastaría con la del equipo económico del Gobierno. Si bien los ministerios del área y Planeación Nacional han adoptado algunas medidas destinadas a acelerar la inversión en infraestructura y el consumo en campos como vehículos y electrodomésticos, son muchos los analistas que juzgan que estas iniciativas son insuficientes y que el ejecutivo podría hacer muchísimo más.

En el área de infraestructura, por ejemplo, sostienen que lo que hizo Planeación Nacional fue anunciar en un solo paquete lo que ya estaba presupuestado y decidido desde antes de que estallara la bomba de la recesión. No hay que olvidar que disparar las inversiones en este campo ha sido en los últimos meses la receta favorita de la mayoría de los países. Y en el caso colombiano, las falencias son enormes, como lo demuestran no solamente el desastre de numerosas carreteras afectadas por el invierno, sino las cifras que acaban de ser reveladas por el Dane, según las cuales, la inversión en obras civiles cayó en Colombia un 7,1 por ciento el año pasado.

¿Qué se puede hacer para agilizar el giro de recursos en este campo? ¿Cómo evitar que los engorrosos procedimientos jurídicos demoren en muchos casos y hagan naufragar en otros las grandes licitaciones de obras públicas? ¿Será que la legislación vigente y recientemente reformada, es la adecuada para utilizar el sector infraestructura como una fuerza anticíclica? De entrada, el Ministro de Hacienda ha dicho que entre sus planes no está el de llevar al Congreso iniciativas legislativas anticrisis porque considera que no son necesarias. Muchos creen, sin embargo, que la razón detrás de tan tímida actitud frente a las sesiones parlamentarias se debe a que en el Gobierno hay una decisión de no congestionar a las Cámaras con proyectos que enreden la prioridad señalada ya por el Ministro del Interior, y que no es otra que la aprobación en el Senado del referendo reeleccionista.

Ojalá que el muy discutido referendo no sea la causa de que el Parlamento colombiano sea prácticamente el único del planeta que no se ocupe de proyectos de ley contra la crisis económica. Incluso puede haber daños colaterales como que, por cuenta de que no está entre las prioridades, la reforma financiera, que se encuentra en tránsito y que requiere cierta afinación, vaya a tener un entierro de tercera. Todo ello sería gravísimo, no sólo porque significaría perder la oportunidad de usar las leyes como herramienta de reactivación. En particular, porque la señal que se les enviaría a los inversionistas nacionales y extranjeros es que el país sigue creyendo, de manera casi autista, que las prioridades políticas de un puñado de dirigentes se superponen a las preocupaciones de los ciudadanos reflejadas en las encuestas y que la innegable crisis económica mundial no lo va a tocar de manera grave.