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El lunes, cuando se descubrió que la firma aseguradora American International Group (AIG) había destinado 165 millones de dólares para bonificaciones a sus ejecutivos, palabras como 'escándalo' e 'indignación' salieron de la boca del presidente Barack Obama.

La ira del mandatario, a la que su sumaron líderes de los partidos Demócrata y Republicano, está respaldada en que AIG recibió 170.000 millones de dólares en ayudas para esquivar la quiebra.

Ayer, los legisladores insinuaron incluso que propondrán una cambio en la legislación tributaria para que los ejecutivos de AIG no se queden con ese dinero.

Y mientras que la cólera en las altas esferas políticas de Washington sigue en aumento, pocos recuerdan ahora las protestas de los ciudadanos de a pie frente al emblemático toro de Wall Street a finales del año pasado, cuando protestaban por la decisión de la administración de George W. Bush de entregar grandes sumas de dinero varias instituciones financieras para salvarlas de la bancarrota.

Los temores de los contribuyentes parecen tener ahora una asidero real después de que ollas podridas como la de las bonificaciones de AIG fueron destapadas. Vale anotar que el año pasado, justo después de que la crisis estallara, ejecutivos de la misma firma gastaron a manos llenas en un resort en California como retribución a su trabajo.

Pensar que el dinero que salió de las arcas del Gobierno está engordando las cuentas de ejecutivos que no lograron evitar la quiebra de sus empresas es, por decir lo menos, irritante.

Por supuesto que el rescate era necesario, pero lunares como estos son los que minan la confianza en las instituciones.